Hay una pregunta que deberíamos hacernos cada vez que una escuela no tiene materiales para trabajar o un hospital carece de insumos para atender a sus pacientes: ¿de qué sirve reconocer un derecho si las instituciones responsables no cuentan con lo necesario para garantizarlo? En octubre, las carencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volvieron a ocupar la conversación pública. Durante las visitas a sus hospitales, el propio Instituto registró necesidades de insumos médicos, equipo, mobiliario, infraestructura y personal. Al 16 de octubre, los recorridos habían identificado 7,474 requerimientos en 166 hospitales, de los cuales 3,122 eran considerados de alta prioridad. Entre las necesidades reportadas había jeringas, sondas, tiras para medir glucosa y equipos indispensables para la atención médica.
Las denuncias de trabajadores que compran materiales con su propio dinero muestran una realidad que no puede normalizarse: cuando una institución no dispone de lo indispensable, alguien termina pagando las consecuencias. En educación sucede algo semejante, aunque sus consecuencias suelen ser menos visibles y reciben menos atención pública. Una escuela puede abrir sus puertas, tener estudiantes inscritos y contar con docentes frente a grupo, pero eso no significa que estén dadas las condiciones para aprender.
¿Qué ocurre cuando faltan materiales didácticos, el mobiliario está deteriorado, los sanitarios no funcionan o la infraestructura impide desarrollar las actividades escolares? ¿Qué posibilidades tiene una maestra de enriquecer su enseñanza cuando debe resolver primero las carencias más elementales? La comparación con el IMSS no busca equiparar dos servicios distintos. La salud y la educación tienen necesidades, procesos y resultados propios. Lo que comparten es una responsabilidad pública: convertir un derecho reconocido en una experiencia efectiva para todas las personas.
En ambos sistemas, la insuficiencia de insumos no es un asunto meramente administrativo. Puede modificar la atención que recibe un paciente y también las oportunidades de aprendizaje de una niña o un niño. En ambos, además, las carencias suelen resolverse mediante esfuerzos extraordinarios de quienes están en la primera línea: personal médico, enfermeras, o en su caso docentes y directivos. Su compromiso es indispensable, pero no puede convertirse en el sustituto de una política pública que funcione.
En Mexicanos Primero hemos insistido, durante casi dos décadas, en que el derecho a aprender exige mucho más que estar en la escuela. Implica aprender en ella y participar en la comunidad educativa. Para lograrlo se necesitan docentes acompañados, condiciones dignas, recursos suficientes y decisiones que respondan a las necesidades de cada contexto. Por eso, MONITO, nuestra plataforma de información educativa, permite observar el sistema más allá de los anuncios y las intenciones. Reúne estadísticas, indicadores de infraestructura, información sobre autoridades y seguimiento a los programas sectoriales. La pregunta no es solamente cuántas escuelas tenemos o cuánto presupuesto se anuncia, sino qué condiciones existen para que cada estudiante aprenda y qué resultados obtenemos con los recursos disponibles.
La falta de insumos nos obliga a discutir también la calidad del gasto. No basta con asignar presupuesto; hay que ejercerlo oportunamente, comprar lo necesario, asegurar que llegue a su destino y verificar que se utilice. Una adquisición registrada no equivale a un material disponible en el salón de clases. Un recurso aprobado no garantiza que una escuela pueda resolver una necesidad urgente. La planeación debe partir de información confiable y de la experiencia de quienes conocen cada plantel. Necesitamos inventarios actualizados, prioridades claras, responsables identificables, plazos de cumplimiento y mecanismos de seguimiento que permitan saber qué falta, dónde falta y cuándo se resolverá. También necesitamos transparencia para distinguir entre una carencia excepcional y un problema persistente que requiere corregir la forma en que se administra el sistema.
El ejemplo del IMSS deja una lección importante: escuchar al personal y registrar las necesidades es un primer paso, pero el diagnóstico solo adquiere valor público cuando conduce a soluciones verificables. La escucha no sustituye al abasto, así como la información no sustituye a la acción. En educación, esa misma exigencia debe aplicarse con mayor razón. Las carencias no afectan por igual a todas las comunidades. Una escuela con menos recursos, ubicada en una localidad apartada o que atiende a estudiantes en condiciones de mayor vulnerabilidad, tiene menos posibilidades de compensar las fallas institucionales. Cuando el Estado no provee lo indispensable, las desigualdades existentes pueden profundizarse.
El derecho a aprender no puede depender de que una maestra compre materiales de su bolsillo, de que una familia aporte lo que falta o de que una comunidad consiga por su cuenta resolver las deficiencias de su escuela. Un sistema educativo capaz de aprender de sus propias fallas debe identificar las carencias, corregirlas y evitar que se repitan. Debe rendir cuentas no solo de cuánto gasta, sino de lo que ese gasto hace posible.
La educación no puede ser una prioridad intermitente ni un servicio que funciona únicamente gracias al esfuerzo extraordinario de quienes lo sostienen todos los días. Garantizar el derecho a aprender exige que las instituciones tengan lo necesario para cumplir su tarea. Abrir una escuela es indispensable, pero no suficiente. El derecho no termina cuando una niña entra al salón. Apenas comienza. Las autoridades tienen la obligación de asegurarse de que encuentre todas las condiciones mínimas para aprender.
