México decidió regular las redes sociales para proteger a niñas, niños y adolescentes después de un ataque mortal en una secundaria. Ese orden importa. Australia estableció restricciones para impedir que menores de 16 años tengan cuentas en determinadas redes sociales, una medida que entró en vigor el 10 de diciembre de 2025. Otros países también han avanzado en restricciones de edad y mecanismos de verificación. En México, el debate nacional arrancó el 20 de julio y la propuesta de decreto se presentó el 9 de octubre, ocho días después del ataque de Torreón. Regulamos por reacción, no por previsión.
La propuesta parte de una apuesta frágil: que las plataformas cumplan por voluntad propia. Aunque establece obligaciones para proteger a niñas, niños y adolescentes, no contempla sanciones por incumplimiento. La propia presidenta lo reconoció al presentar la medida: si las plataformas no cumplen, habrá que elaborar una regulación posterior que sí las contemple.
¿Han mostrado las empresas suficiente voluntad para proteger a sus usuarios más jóvenes? La evidencia invita a dudarlo. Investigaciones internas de Meta han documentado que Instagram puede agravar los problemas de imagen corporal y las comparaciones negativas entre adolescentes. La empresa conocía estos riesgos, pero no modificó el diseño de sus productos. Su edad mínima de 13 años tampoco garantiza una protección efectiva: una fecha de nacimiento falsa puede bastar para eludirla. Y cuando Australia aprobó sus restricciones, Meta cuestionó la premisa de la ley.
No es un descuido. Es parte de un modelo de negocio. Las plataformas venden atención, y cada minuto que un adolescente pasa frente a la pantalla, representa una oportunidad publicitaria. Por eso el scroll infinito no tiene fondo: elimina las pausas naturales que nos invitan a parar, como el final de una página o de un capítulo.
Y combinado con algoritmos que ofrecen recompensas impredecibles —un video gracioso, un «me gusta», una pelea—, funciona como una máquina tragamonedas. Por eso en cerebros que todavía desarrollan el control de los impulsos, estos mecanismos son especialmente difíciles de resistir.
En 2023, Vivek Murthy, entonces director general de Salud Pública de Estados Unidos, advirtió que pasar más de tres horas diarias en redes sociales se asociaba con el doble de riesgo de presentar síntomas de depresión y ansiedad. En México, las y los adolescentes de 12 a 17 años pasan en promedio 4.5 horas diarias en internet, de acuerdo con el INEGI.
Los tribunales de Estados Unidos ya empezaron a ponerle precio a ese diseño de las redes sociales. En marzo de 2026, un jurado de Nuevo México determinó que Meta había incurrido en prácticas engañosas sobre la seguridad de sus plataformas y le impuso una sanción civil de 375 millones de dólares. En agosto, un tribunal ordenó a la empresa pagar otros 567 millones y aplicar reformas supervisadas judicialmente durante cinco años. La responsabilidad financiera de Meta en ese estado asciende así a 942 millones de dólares. La empresa ha impugnado los fallos.
También en marzo, en Los Ángeles, otro jurado responsabilizó a Meta y YouTube por los daños sufridos a una joven que comenzó a usar Instagram a los nueve años. La indemnización fue de seis millones de dólares, repartidos entre ambas compañías. Las dos anunciaron que apelarían.
En Kentucky, un distrito escolar que reclamaba más de 60 millones de dólares para atender los efectos de las redes sociales en la salud mental de su alumnado llegó en mayo a acuerdos con varias plataformas por un total de 27 millones. Meta aportará nueve millones. Los acuerdos no implican que las empresas admitan responsabilidad ni las obligan a modificar el diseño de sus productos.
La presión judicial no se limita a estos casos. En agosto se anunció un acuerdo multilateral con Meta por hasta 17,100 millones de dólares, relacionado con demandas por presuntos daños a menores y prácticas comerciales engañosas, acompañado de compromisos de protección infantil. La cifra y el alcance de ese acuerdo muestran la dimensión de los litigios, aunque no deben confundirse los montos anunciados con indemnizaciones ya pagadas ni con sentencias firmes.
Lo relevante es lo que se ha juzgado: no fueron opiniones ni contenidos aislados, sino decisiones de diseño, advertencias insuficientes y prácticas empresariales que, según los jurados, contribuyeron a daños concretos. Ese debería ser el centro de la regulación mexicana. No basta con pedir que se retiren publicaciones; hay que exigir que las plataformas prevengan los riesgos que sus propios sistemas pueden amplificar y que rindan cuentas cuando incumplan.
Conviene, además, precisar el tema de los ataques violentos. No hay prueba de que ver violencia en las redes sociales convierta, por sí solo, a una o un joven en agresor. Lo que sí muestran las investigaciones es que las redes pueden proporcionar referentes, comunidades que aplauden la violencia y una vitrina para exhibirla.
El terreno lo preparan otros factores: el acoso, el agravio, el malestar sin atender y el acceso a armas. Si el decreto se limita a retirar contenidos, atacará el síntoma más visible y dejará intactos los incentivos económicos que pueden amplificar los riesgos. Y las escuelas se quedarán solas para detectar y atender las señales de alerta que, en muchos casos, aparecen antes de una agresión.
Proteger a niñas, niños y adolescentes exige más que una declaración de buenas intenciones. Exige reglas exigibles, mecanismos de supervisión y consecuencias cuando las empresas no cumplan. México ya dio el primer paso, pero mientras la protección dependa de la voluntad de las plataformas, el decreto seguirá llegando tarde y sin dientes.