En México se ha repetido tantas veces que Genaro García Luna fue condenado únicamente por los dichos de narcotraficantes confesos que pocos lo dudan. “No hubo videos”, “no hubo grabaciones”, “no hubo pruebas directas” repiten comentaristas y analistas políticos. El caso se construyó solamente sobre testimonios de criminales que buscaban reducir sus condenas. Es verdad que en el juicio de Brooklyn declararon personajes como Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, o Jesús “El Rey” Zambada y también que la defensa tenía argumentos perfectamente válidos para desacreditarlos.
En Estados Unidos para declarar penalmente culpable a una persona se requiere unanimidad. Todos los miembros del jurado deben concluir que la evidencia presentada supera la duda razonable. Precisamente por eso resulta poco creíble pensar que doce ciudadanos comunes de Nueva York, que probablemente nunca habían escuchado el nombre de Genaro García Luna antes del juicio, iban a condenar al exsecretario de Seguridad Pública mexicano solamente porque unos narcotraficantes sentenciados dijeron que le entregaban dinero. Si el caso realmente hubiera descansado exclusivamente en la palabra de criminales confesos, es perfectamente posible que uno o varios miembros del jurado hubieran tenido dudas suficientes para bloquear una condena. Pero el problema para García Luna fue que los testimonios no estaban aislados.
La fiscalía federal entregó más de un millón de páginas de documentos, además de registros financieros, fotografías, comunicaciones y evidencia relacionada con empresas, propiedades y movimientos económicos. Aunque gran parte del debate público se concentró en los testigos protegidos, el jurado también escuchó otras preguntas mucho más difíciles de responder: ¿Cómo un funcionario público mexicano terminó asociado a un patrimonio y movimientos financieros incompatibles con décadas de salario gubernamental? Este punto fue crucial.
Las autoridades estadounidenses sostuvieron que parte importante de los flujos financieros y de las operaciones vinculadas a sus socios y empresas venían de años anteriores.
García Luna no fue condenado por “enriquecimiento ilícito” como ocurre en México. Los cargos centrales fueron conspiración vinculada al narcotráfico y falsedad de declaraciones ante autoridades estadounidenses. El componente financiero ayudó al jurado a determinar si los testimonios de los cooperantes resultaban plausibles y consistentes con la realidad material del caso. También ayudó la evidencia documentada de las falsedades en declaraciones ante autoridades estadounidenses.
En otras palabras, el patrimonio, los movimientos financieros y las falsedades no sustituyeron los testimonios, ayudaron a corroborarlos. La defensa no logró ofrecer una explicación convincente sobre cómo un funcionario público terminó asociado a movimientos financieros, estructuras empresariales y propiedades de esa magnitud. El jurado no solamente evalúa si un testigo puede mentir. También evalúa si la explicación alternativa presentada por la defensa resulta lógica y creíble frente al resto de la evidencia.
En México se imagina que la corrupción solamente puede probarse con un video donde alguien entrega un maletín lleno de dinero. La corrupción sofisticada normalmente deja rastros en otro lado. Transferencias, empresas, propiedades, cuentas bancarias, triangulaciones internacionales y adquisiciones patrimoniales imposibles de justificar. Por eso en Estados Unidos el llamado money Trail (el camino del dinero), es más importante que una imagen espectacular para televisión.
Los testimonios de los narcotraficantes le daban a la fiscalía nombres, fechas y contexto. La evidencia financiera ayudaba a responder la pregunta fundamental que probablemente se hacían los jurados. Si todo era mentira, entonces ¿de dónde salió el dinero?
El jurado no encontró culpable a García Luna simplemente porque unos narcotraficantes hablaron. Lo condenó porque la fiscalía logró construir una historia coherente donde los testimonios coincidían con movimientos financieros, estructuras empresariales y un patrimonio extremadamente difícil de reconciliar con décadas de servicio público.
En el siglo XXI, la corrupción de alto nivel no se descubre en una grabación. Las pruebas contra Rocha Moya saldrán en su momento. Además de las pruebas que ya tiene el distrito sur de Nueva York, ahora se agregarán las pruebas que aporte Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega. Un camino largo.