WASHINGTON, DC.- En mi columna anterior argumenté que la estrategia utilizada por el gobierno mexicano por la demanda civil a fabricantes de armas en Estados Unidos no tendrá éxito jurídica ni políticamente.
Muchos expertos han comentado que es poco probable que la estrategia legal sea exitosa. El primer obstáculo es la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas aprobada por el Congreso en 2005. Esta ley protege a las compañías de responsabilidad ante alegatos que sus armas hayan sido mal utilizadas. Por esa razón los abogados norteamericanos contratados por México introdujeron la demanda en el Tribunal Federal de Massachussets donde la mayoría de los jueces, así como los magistrados de la Corte de Apelaciones son liberales. Consideran por esto que existe una mayor probabilidad de éxito. Por otro lado, el presidente Biden quiere restablecer la prohibición de las armas de asalto e implementar otras medidas de control. Como diríamos en México, esta demanda le cayó como anillo al dedo. Es por eso que según algunas versiones en Washington, ante la consulta mexicana de presentar esta demanda la administración actual asintió.
La demanda argumenta que las prácticas comerciales negligentes y presuntamente ilegales de los demandados han provocado un baño de sangre en México. Se les acusa de facilitar el flujo de armas hacia los carteles y de alimentar un tráfico en el que 70 por ciento de las armas rastreadas provienen de los EU. La Ley Federal de Control de Armas requiere que todos aquellos que participan en la venta de armas de fuego deben estar autorizados por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Existen tres niveles, al igual que con la venta de alcohol. Los fabricantes, los mayoristas y los distribuidores. Los fabricantes de alcohol o de armas no pueden vender al público. Podemos anticipar que los defensores de los fabricantes demostrarán que estos no son los que las venden y por lo tanto no violan ninguna ley.
Según Statista, en 2019 había 53 mil 924 distribuidores con licencias para la venta de armamento. La ATF es responsable de hacer cumplir las leyes y regulaciones de armas, incluido el comercio de éstas. Las responsabilidades de ATF incluyen investigar y arrestar a personas y organizaciones que suministran ilegalmente armas a personas prohibidas. Por su parte, el FBI procesó un récord de 39.7 millones de verificaciones de antecedentes de armas de fuego en 2020. De acuerdo con CNN en 2020 se vendieron 23 millones de armas por distribuidores autorizados en EU. Este número no considera las ventas por exportaciones a otros países incluyendo a México. Estos datos contradicen parte de la demanda del gobierno mexicano. Esta dice: “Los criminales en México representan un mercado significativo para los acusados lo que explica la decisión empresarial de los acusados para seguir abasteciéndolos”. Suponiendo sin conceder que los narcotraficantes compraran a través de terceros 200 mil armas anuales, esto representaría menos de 1.0 por ciento de las ventas totales en EU sin considerar las exportaciones. Esto difícilmente se puede catalogar como un mercado significativo.
El verdadero problema no son los fabricantes de armas sino la legislación. Esto lo sabe perfectamente la población norteamericana. Además, existe evidencia que ATF no está haciendo bien su trabajo o es muy permisiva (US Today, Mayo 26,2021). Hay muchos elementos legales adicionales que la defensa podrá utilizar. Sin embargo, tratándose de un tema que es también político y mediático es aquí donde hay una alta probabilidad que se le revierta al gobierno mexicano. La defensa podrá llamar a testificar no solo a criminales mexicanos en cárceles norteamericanas, sino también a funcionarios públicos. Aquí México lleva todas las de perder. Lo abordaré en la próxima entrega.