La Jueza Tercera de Distrito de la Ciudad de México otorgó la semana pasada la suspensión definitiva en el litigio que interpusimos contra el manejo del Programa La Escuela Es Nuestra (LEEN). Es una decisión histórica para ajustar el programa que en 2022 se lleva la mayor tajada de presupuesto educativo federal destinado a la escuela como tal, pues los únicos dos rubros que superan esta partida es el salario de los maestros y las becas masivas a estudiantes.
Vamos en la tercera vez que entablamos un proceso judicial con la SEP sobre el mismo tema. En el primero, se estableció que aun siendo todavía una partida del tipo “subsidio”, tuviera reglas de operación, y no simples lineamientos, para tener transparencia en el destino de los recursos. En el segundo, contra las reglas de operación emitidas en febrero de este año, controvertimos y ganamos que se restauraran los elementos de jornada ampliada y alimentación en las escuelas, para que no quedara LEEN sólo como un programa de infraestructura. En este tercer proceso, nos opusimos a que se dejara sin atender, en la realidad, a las comunidades que necesitan de la comida caliente del mediodía y que han, ya en el pasado, contado con las horas adicionales para seguir aprendiendo.
El mandato queda clarísimo y cito textualmente: “Las autoridades responsables (Directora General de la Escuela es Nuestra de la Secretaría de Educación Pública y Secretaria de Educación Pública), así como autoridad vinculada al cumplimiento: Secretario de Hacienda y Crédito Público y demás encargadas de la aplicación del Programa reclamado; dentro de sus esferas competenciales, deberán restaurar el servicio de “Escuela de tiempo completo” que se encontraba vigente previo a la emisión del ACUERDO número 08/04/22 por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022, emitidas mediante diverso número 05/02/22, publicado el 28 de febrero de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de abril de este año, es decir, deberán adoptar las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquélla, incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes para ese fin”.
Es contundente. El Poder Judicial de la Federación reconoce, a través del documento, que la situación creada por el Acuerdo a corregir propicia una violación a derechos humanos de niñas y niños por el criterio de no regresividad (es decir, que si el ejercicio y goce de un derecho fundamental ya llegó a un nivel, no puede ya regresarse al estado previo) y que atenta contra el interés superior de la niñez. No es la sentencia todavía; según lo marca el orden constitucional de nuestro país, cuando hay en perspectiva una grave violación de derechos fundamentales, con consecuencia irreparable, el juzgador puede detener la actuación de la autoridad cuestionada para evitar que se agrave la situación, y tomarse el tiempo requerido para analizar los alegatos y evidencias que presentan las partes sin correr el riesgo de que se siga violentando a los afectados, en este caso millones de niñas y niños en escuelas públicas.
En el Acuerdo 08/04/22, la SEP estableció de forma superficial e insuficiente que los Comités de familias podían decidir en qué gastar: mejora de infraestructura, alimentación y horario extendido. Demostramos que es imposible, por los montos, tener todos los componentes; que no hay un esquema concreto para pagar las horas adicionales a los maestros que no sea violación a la reglas del SAT (además de una grosería por la falta de aprecio a la labor docente, tasada en 60 pesos la hora y pagada en una lista de raya como de hacienda porfiriana); que no alcanza para una comida digna y que, además, es regresiva la regla de no beneficiar a quien ya lo necesitó en el pasado (como si el hambre desapareciese mágicamente con el cambio de año fiscal). Todavía tuvieron el descaro y sangre fría, los funcionarios de la SEP, de señalar que se “aprendía” en siete aspectos adicionales con el horario extendido… un presente ficticio del cual no pueden presentar ni un solo ejemplo actual y vigente.
El cubetazo de realidad a cargo del Judicial fue bien difundido por los medios, y saludado por los defensores de derechos humanos, muchos de quienes llevan procesos convergentes al de este juicio, perseguidos con admirable tenacidad y valor ciudadano. La SEP produjo, la noche del lunes, una “tarjeta informativa” que mezcla mentiras y datos sólidos; apena su bajo respeto a la división de poderes, al frasear que por recurrir a un tribunal colegiado se revertirá esta decisión de la jueza.
La discrepancia es muy fuerte: un programa de mejora parcial de la infraestructura, de bajo costo y bajo impacto, atomizador de recursos y de esfuerzos, bueno para lealtades electorales pero ajeno a los aprendizajes, contrapuesto a una visión de la escuela como comunidad de abrigo y de despliegue, pero que se quiere enterrar porque lo pensaron “los de antes”.
Es derecho de la SEP litigar esta suspensión, pero es su obligación cumplirla mientras subsista. Lo que pasó es que ganamos tiempo para el Tiempo Completo; que un grupo de niñas y niños puedan eventualmente tener comida en la escuela y ampliación de horario, en este nuevo ciclo escolar, bien vale la contienda.