No es fácil identificar la cantidad de asuntos que, en el ejercicio de la función pública, se están complicando o deteriorando en México. En el sector educativo central, multitud de decisiones no consideran la emergencia y la necesidad de realismo al afrontarla; el ejemplo claro es el rimbombante cambio a planes y programas de estudios, con toda su parafernalia de –nunca mejor dicho– road show, ajeno e impertinente en grado sumo cuando lo que se requiere es siquiera asegurar los aprendizajes fundamentales, como la comprensión lectora. Funcionarias y funcionarios que anuncian avances, cuando ni siquiera reconocen –o ni conocen, porque ni los reportes leen– el retroceso.
Pero además de no atender a la sangría fundamental, de ser negligentes y displicentes para recuperar a cientos de miles que se nos fueron de tristeza, de desesperación, reclutados al crimen o la trata, los que ya no le vieron el caso a seguir intentando llegar a una escuela primero cerrada y luego inadecuada ante los contagios; además de no reconocer que la pérdida de aprendizajes es severa y que las elegías a la comunidad no van a sustituir el trabajo tenaz y cotidiano, focalizado, de reconstituir la confianza y la fluidez para leer el mundo, quitan. Despojan. Desfondan. Y cuentan con que nadie reclamará ni exigirá cuentas.
En México, alrededor de tres millones de niñas, niños y adolescentes tienen condiciones de discapacidad; sin la preparación y apoyo adecuados de sus educadores y de sus pares, enfrentan discriminación y exclusión. Ya la organización típica del sistema escolar suele tener multitud de barreras para todas y todos, pero se agrava la desatención si no hay un trabajo específico de compensación y ajuste. Como he señalado antes, nuestra normativa es magnífica: la Ley General de Educación dice (art 7) que todo en nuestro sistema será inclusivo, atenderá la diversidad, eliminará las barreras al aprendizaje y la participación, “…c) Proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos”…
Dado que ese ‘proveerá' no le toca en la ley mexicana a la Divina Providencia ni a las familias de las y los alumnos, sino que es tarea y responsabilidad del Estado, hay un fondo del dinero de todos nosotros, con la clave S295, para el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial. Es dinero para que en los Centros de Atención Múltiple, en las coordinaciones y equipos de Educación Especial, se pueda tener un monto discreto que mitigue la precariedad, y sirva para tomar cursos de actualización por parte de los especialistas en las diversas condiciones de discapacidad (no doctorados en Letras, ni becas para escribir el futuro), hacer reuniones con las familias, comprar materiales específicos –juguetes de plástico, máquinas Perkins, ábacos Cramer, libros, equipo de laboratorio– para comprar y reproducir pruebas de inteligencia y habilidades socioemocionales adaptadas; dinero para hacer proyectos, campañas de sensibilización, ferias. Es una modesta ayuda –es, literalmente, un subsidio– para remontar la desigualdad grosera y que no se consolide el estigma de que son espacios educativos para aquellos ‘con quienes ya no hay nada qué hacer’.
La indignidad que ocurre ahora es la siguiente: después de reducciones sistemáticas, que dejaron el fondo desplumado en 58 millones (¡para todo el país!) en 2021, la secretaria Delfina Gómez (ver comunicado conjunto SEP número 43) anunció, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre, que el programa que estamos comentando tendría más de 715 millones de pesos para el año presente; pero el asunto es que al corte de medio año, se ejercieron únicamente 2.2 millones de pesos. Claro que llama a indignación: se podían ejercer hasta 433 millones en estos primeros seis meses, pero se ‘retiran’ sin usarse 431 millones de pesos. Con su falta de oficio, si no es que de humanidad, los funcionarios de la SEP dejan de nuevo despojados y engañados a quienes requieren apoyos por justicia. Pero los estamos monitoreando; por ahora queda impune, pero no desconocido. Tristes cuentas las que entregan; en realidad, no entregan cuentas, porque son buenos para anunciar inicios pero no ejecuciones. La discapacidad es socialmente construida, y la SEP ahora está contribuyendo en grande a que se extienda.
El autor es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.