David Calderon

Cuidarnos

Escuelas en Sinaloa y Coahuila ya reportaron un incremento en los casos de COVID; corremos de nuevo el riesgo de suspensión de labores en planteles enteros o de forzados escalonamientos.

Tenemos que cuidarnos. Los repuntes de contagios y los aumentos de hospitalizaciones por COVID-19 son muy reales. Ya muchas escuelas en Sinaloa y Coahuila han reportado casos, y corremos de nuevo el riesgo de suspensión de labores en planteles enteros, o de forzados escalonamientos. La disciplina de chicas y chicos de preescolar y primaria es conmovedora: respetan la distancia, usan el cubrebocas, han inventado formas de jugar que resguardan la salud de su compañerito… parte el corazón verlos con cubrebocas que ya se decoloraron y se están deshilachando, con el material de fibra ya levantándose, con el gel antibacterial ‘chiquiteándose’ porque ya nada más queda una botella.

En este contexto, que requiere de buen juicio y equilibrio -el cierre de aulas es una amputación devastadora de oportunidades, pero negarse a extremar precauciones es irresponsable- cae muy oportunamente la sentencia del juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México al amparo 1093/2021: se reconoce que las Secretarías de Educación y Salud federales fueron omisas para establecer un protocolo, brindar insumos y dar seguimiento en la contingencia sanitaria para lograr un regreso seguro, de forma tal que se violan derechos fundamentales de niñas, niños y jóvenes, pero también de familias, docentes y toda persona en el contexto de las escuelas en México. Y deben corregir a la brevedad. Y les dice qué hacer y cómo hacerlo.

Recogiendo lo propuesto e investigado por muchas organizaciones de la sociedad civil y personas activistas, escuchando a los propios protagonistas a nivel de escuela, retomando lo que en forma acotada y hasta oculta implementaron algunas secretarías estatales, interpusimos una demanda ante la irresponsabilidad e improvisación de las autoridades, y ahora el Poder Judicial de la Federación nos da la razón y establece un mandato perentorio: SEP y Salud, pónganse a trabajar ya para cuidar a niñas y niños. Para cuidarnos a todas y todos.

La ‘guía’, que luego fue llamada ‘protocolo’, era un licuado confuso e inadecuado de consejitos, responsabilidades de la autoridad que se aventaron a las espaldas de directores, maestros y familias, fases que no se cumplieron, ausencia de revisiones previas a la infraestructura, desdén por la evidencia científica. Se les dijo, se les advirtió, se les exhortó. Pero el gobierno gastó tiempo y energía de sus abogados, dinero de los contribuyentes, para oponerse a un asunto obvio: te dimos, funcionario, atribuciones para cuidarnos, y rompes tu función y minas la confianza cuando no lo haces, cuando te retuerces para justificar, en lugar de aplicarte para cumplir.

Con muchísima fortuna -que no por buenas decisiones públicas- nos hemos salvado de desgracias aún mayores, a pesar de que el escalonamiento fue insensato y siguió empobreciendo el aprendizaje; no se hicieron ajustes de movilidad; los millones de La Escuela es Nuestra no aseguraron agua en cada plantel, y menos modificaciones para ventilación cruzada; con increíble y deshonesta obstinación se dijo que no era necesario vacunar a niñas y niños. Desde el 7 de septiembre de 2021 el juez admitió la demanda, que pone en conocimiento obligado de las autoridades lo que mucho antes habíamos exigido, condiciones elementales que aún no se cumplen: agua en cada escuela, jabón y sanitizante suficiente, cubrebocas gratuito para alumnos y docentes. Los gobiernos de Jalisco y la Ciudad de México sí repartieron cubrebocas para quien acudía a la escuela -por cierto, esta última gracias a donativos del sector filantrópico- pero a nivel nacional no fue prioridad, no fue política, no se atendió. En 2021 la autoridad federal tuvo 12 mil millones en La Escuela es Nuestra para repartir a gusto, con criterios opacos, mejoras sin criterio y sin comprobación, pero no tuvo dinero para cuidar a niñas y niños que regresaban después de año y medio de escuelas cerradas. No ha sido prioridad cuidarnos.

El apremio judicial mandata que, en primer lugar, SEP y Salud convoquen a expertos, se escuche a agentes relevantes, y con las mejores garantías de la ciencia se emita un protocolo antes de 40 días que, ahora sí, distinga claramente qué es obligatorio, a quién le toca qué acción, y no aumente la desigualdad. En segundo lugar, que se garantice la entrega continua y suficiente de insumos necesarios para seguridad sanitaria, “…sin costo alguno, sin ningún requisito adicional al de formar parte de la comunidad estudiantil dentro del plantel y sin exigir a cambio la entrega de información personal.” Así, “…las autoridades responsables deberán de elaborar el documento mencionado y proveer de los insumos señalados de manera inmediata e interseccional, con un enfoque de derechos humanos”.

Es una gran noticia, sobre todo para que las comunidades más pobres no tengan que, encima, subsidiar la incompetencia y mezquindad de los funcionarios. Los pusimos, en SEP y Salud, para cuidarnos de riesgos externos, no para cuidarnos de ellos. Aquí vamos a ver si lo que les gusta pregonar sobre lo comunitario en el marco curricular -los planes de estudio ni se contagian, ni necesitan agua; niñas y niños reales, sí- lo hacen efectivo para estar seguros y cuidados en las escuelas.

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