David Calderon

¿Qué les damos a las y los docentes?

El reconocimiento a los profesionales de la educación en el servicio público no sólo debe incluir sus derechos laborales, sino también sus derechos profesionales.

En mayo de todos los años es recurrente que en todo el sector educativo se escriba sobre maestras y maestros. Debiera ser constante, continuo y empático, ese considerarles y celebrarles. El ritual típico ocurre en cada escuela: los regalitos de las familias, los dibujos y cartitas de niñas y niños, las ceremonias, a veces comida. Por supuesto, es oportunidad de recapitular datos nacionales y estatales, hacer notas de testimonio sobre trayectorias docentes ejemplares, los eventos con gobernadores y funcionarios.

Como es tradición, se anuncian desde el Ejecutivo Federal los resultados de la negociación gremial. El acento se pone en el salario docente, que por supuesto tiene una importancia crucial: un reconocimiento tangible en monetario, para la profesión, es el grado mínimo, elemental de contraprestación por un trabajo delicado y de enormes exigencias. El anuncio de este año es escueto y lleva a cuestionamientos serios: se estableció un aumento de 3.5 por ciento al salario en todos los niveles. Con toda honestidad, no es un gran ‘reconocimiento’; si consideramos que la inflación prevista para este año fiscal ronda el 7 por ciento, entonces es literalmente un retroceso en poder adquisitivo. Como diría el clásico: nada que celebrar.

Cuesta trabajo creer que para los megaproyectos de esta administración se consideren inversiones de miles y miles de millones, con la vaga promesa de que desatarán en un número de años una derrama económica mayor, pero ello en agudo contraste con la perspectiva de salario digno. Un bien futuro y conjetural se traga el margen de un bien presente y necesario.

El desarrollo nacional no está conectado con dar mínimas garantías de aumento sostenido -el ejercicio del derecho a la educación, salud y participación de la generación joven es por mucho el principal activo de la prosperidad nacional- pero la inversión docente no se hace para el crecimiento. Vamos, ni siquiera de salario actualizado.

En las profesiones sujetas a los comparativos de mercado, en años de recesión puede que no se den actualizaciones, considerando que haya un ‘colchón’ para que el ingreso nominal de los colaboradores se tenga que aguantar cristalizado ante la contracción, pero en las profesiones de Estado, en la dimensión del trabajo de servidores públicos con tareas esenciales, es injustificable, es injusto, es contraproducente.

Tal vez para mitigar la pobreza del aumento, se anunciaron al mismo tiempo aumentos escalonados, para ‘beneficiar’ a las y los docentes que ganan menos de 10 mil, de 10 a 15 y de 15 a 20 mil pesos mensuales. Cerrar las brechas salariales es siempre positivo, pero permanecen dos preguntas: 1) ¿cómo sabemos que no se cometerá de nuevo la injusticia de que no haya un tope mínimo para la remuneración docente (lo que en derechos humanos se llama ‘garantía de no repetición’)?, y 2) ¿hay detrás de la decisión información sólida, accesible y disponible, para saber dónde están y quiénes son aquellos a quienes se recuperará esa brecha, y asegurarse que hay dinero público para ello? Dinero hay, claramente, pero no es evidente que los aumentos se hayan calculado a conciencia y por lo tanto no hay que tramitar una ampliación en Hacienda. Si lo tenían previsto desde el año pasado, ¿por qué no se refleja en el Presupuesto de Egresos de la Federación? ¿Hay un ‘guardadito’ del cual la magnanimidad presidencial echa mano, porque el funcionario se conmovió como en febrero y se decidió a hacer un poco de mitigación de la injusticia? ¿O estaba previsto, escondido entre las claves, y sólo se anuncia el 15 de mayo para tener un efecto teatral, el correspondiente aplauso y aprobación?

El reconocimiento a los profesionales de la educación en el servicio público no sólo debe incluir sus derechos laborales, ahora tan desdibujados, sino también sus derechos profesionales. No está prevista una inversión mínimamente funcional para formación docente continua: siguen siendo menos de 200 pesos anuales por docente. La transformación de las normales se ha quedado en mejoras a los edificios. No hay pago de voz y datos para la tarea digital, cada vez más necesaria en lo cotidiano. Los cursos son masivos y en línea, no hay horas para trabajo colegiado, se pone a merced de La Escuela es Nuestra y sus abusivas reglas el improbable pago por horas en horario ampliado. No, no les estamos dando lo que les corresponde. No necesitan dádivas, sino justicia. No se puede pretender que eduquen en la corresponsabilidad y la ciudadanía cuando se les somete a ese desdén cotidiano.

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