Un juicio de amparo como parte del activismo en educación tiene elementos de gran contraste. Cuando concluye favorablemente, su contundencia es incomparable: sienta precedente, organiza las tareas de las autoridades, deja mucha precisión en lo que pueden esperar los ciudadanos. Pero mientras está en curso, es un proceso lento y trabajoso. El sistema jurídico mexicano tiene un esquema para ir resolviendo un juicio –lo que los abogados llaman la ‘dimensión procesal’– que para todos los que no somos expertos nos parece muy complicado, lleno de recovecos y, sobre todo, terriblemente lento.
Hablemos de la resolución que hemos comunicado en los medios sobre el amparo interpuesto para que las autoridades garanticen condiciones seguras para el regreso a las aulas. Es una demanda a la SEP y a la Secretaría de Salud para que garanticen protocolos obligatorios, agua y suministros en todas las escuelas. Parece de cumplimiento obvio e inmediato, pero las autoridades tienen a su disposición un arsenal de elementos para excusarse del cumplimiento en la ‘suspensión definitiva’ que ya les marcó el juez. Pueden empezar por lo más superficial, como por ejemplo complicar el darse por notificados. Hay muchas maneras para decir ‘no me enteré de tu resolución’ y que sea más o menos viable legalmente. En muchas ocasiones, desde fuera, se puede decir que es un truco barato e indigno, pero si formalmente se logra, da margen para que los tiempos se prolonguen.
Después, se puede aducir toda una cantidad enorme de condicionamientos, reales o ficticios, para posponer o relativizar el cumplimiento: otra autoridad no ha proporcionado, a su vez, algo que necesito. No es mi atribución, porque no puedo obligar a los estados a que hagan su parte. No hay dinero específicamente etiquetado en el presupuesto federal para esto, y una ampliación o transferencia es imposible, o la tiene que autorizar Hacienda, que no quiere, o la Cámara de Diputados, que no se reúne. O que no lo resuelve en sus comisiones. O que ya se pasó el plazo para este año. O montones de peros, objeciones, justificaciones, dilaciones.
Por eso, desde Aprender Primero, el brazo jurídico de Mexicanos Primero, no simpatizamos con los amparos en cadena; con quienes buscan el reflector y llaman a la prensa para presumir que demandaron al presidente, o al gobernador, o a otra autoridad, sabiendo que el juez, apenas lo analice, va a desechar la demanda porque está mal escrita, infundada, no tiene investigación ni conocimiento experto de la materia a resolver… porque es un ardid de notoriedad, no una defensa dedicada de un derecho humano. Criticamos con energía a quienes hacen casting para un litigio: “búscate una niña que dé ternura; búscate un maestro que quiera pelear; búscate una escuela que se arriesgue”. Usar a las personas y desentenderse de las consecuencias, del riesgo de hostigamiento, de la falta de acompañamiento cotidiano puede ser una gran irresponsabilidad y soberbia.
Otro rasgo que puede distorsionar un litigio es subrayar el choque, y no la construcción conjunta del bien común. Si alguien está motivado por la adrenalina y el desplante, si lo que busca es decir ‘les ganamos’, sea del lado de los ciudadanos quejosos, sea del lado de los abogados que representan a la autoridad, en realidad todos perdemos. Para empezar, las niñas y los niños. Es una forma, el juicio, que por definición busca una solución pacífica, razonada, ordenada, legal, pública a un diferendo. Queremos lo mismo, pero tenemos una discrepancia importante en cómo lograrlo. Cuando interponemos una demanda a la SEP o los estados, no es pensando en que son perversos tiranos a los que hay que derrocar. Si eso fuera el caso, ciertamente el juicio de amparo no sería el medio adecuado a tal fin. Es considerar que se requiere, en el marco de la democracia, la intervención del Poder Judicial para zanjar la cuestión, y clarificar las responsabilidades y los efectos de las políticas públicas. A nuestra vez, no aceptamos que se nos presente, de parte de los funcionarios, como adversarios malintencionados. Algunos funcionarios son solícitos para reunirse con quienes destruyen instalaciones, irrumpen en eventos, secuestran personas para hacer su despliegue de exigencia, pero se dicen agraviados porque se ‘judicializa’ (verbo terrible, supuestamente de connotaciones negativas) el derecho de los niños… “es que son injustos, no nos dejan trabajar, nos quieren imponer su agenda”. Olvidan que nadie votó por ellos: el oficial electo es el presidente, pero de la secretaria para abajo todos los demás son oficiales designados que están inmediatamente al escrutinio de todos y cada ciudadano.
En resumen: para que sí pase lo que un juez determina en una suspensión, en un litigio sobre educación, se requiere de técnica jurídica, pero sobre todo de colaboración para hallar la ruta de cumplimiento. Es trabajar por un bien que nos supera y al que servimos: que las niñas y los niños tengan escuela como es su derecho.
El autor es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.