TEPJF sostiene que “si se invierte en democracia, se invierte en paz”

Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral federal (TEPJF), defendió una vez más el presupuesto solicitado para 2024 y advirtió que la inversión en la democracia es una inversión en paz social.

“La inversión en la democracia, es una inversión en la libertad, en la justicia, en la paz social. Debemos seguir fortaleciendo nuestro sistema electoral para que sea fuente de elecciones limpias e íntegras, para que la ciudadanía pueda contar con gobiernos legítimos y responsivos y que rindan cuentas”, dijo.

Al inaugurar el congreso Acompañamiento Electoral Jurisdiccional Internacional y la Reunión Temática Anual de la Red Mundial de la Justicia Electoral y Reunión del Comité Científico, dijo que el TEPJF es el guardián de la competencia política, que brinda credibilidad y legitimidad a sus resultados.

Por ello, sostuvo que el proceso electoral en curso, en el que están en disputa más de 20 mil puestos de elección popular, permitirá demostrar que el tribunal tiene un valor social porque pacifica las diferencias político-electorales. “El proceso electoral que acaba de iniciar nos dará la oportunidad de demostrar que el Tribunal Electoral tiene un valor y una utilidad social”, insistió.

Explicó que de esta forma el TEPJF contribuye a la normalidad democrática, garantizando elecciones justas y el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Además de que lleva a cabo un arbitraje para la transmisión pacífica del poder público.

Refirió que el papel del TEPJF en las elecciones de 2024 será clave para demostrar que la ciudadanía, con su voto, decide a sus gobiernos y para defender el acceso a la justicia.

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Recordó que el TEPJF, en sus 27 años de vida ha calificado cientos de procesos electorales, cuatro de ellos presidenciales y nueve del Congreso, con escaso conflicto postelectoral.

La magistrada Janine Otálora Malassis se pronunció por la garantía de la independencia judicial.

Dijo que el ataque a las autoridades judiciales, incluidas las electorales, puede tener una incidencia en la imparcialidad y la neutralidad de quienes ejercen la función jurisdiccional.

Señaló que una forma de garantizar la independencia e imparcialidad es generar una distancia con el poder político.