La Embajada de México en Estados Unidos advirtió este miércoles que el Departamento de Estado de dicho país amplió, desde el pasado lunes, “la revisión de redes sociales y presencia en línea para más categorías de visas de no inmigrante”.
“Tus cuentas de redes sociales deben permanecer públicas durante tu proceso. Tenerlas privadas puede retrasar su trámite de visa”, escribió en un mensaje en redes sociales la cancillería a cargo del embajador Ronald Johnson.
En esa misma publicación, explicó que esta inspección aplicará -además de para la H‑1B (y sus dependientes) y las visas F, M y J- a los solicitantes de visas: A-3, C-3 (trabajadores domésticos), G-5, H-3, H-4 dependientes de H-3, K-1, K-2, K-3, Q, R-1, R-2, S, T y U.
Por lo tanto, la revisión se hará para tipos de visa como reunificación familiar, que para 2024, fueron 63 por ciento del total de las 1.3 millones de visas de inmigrantes aprobadas, intercambio y trabajo.
Asimismo, argumentó que esta medida va en la línea de que “cada decisión de visa es una decisión de seguridad nacional”.
“Una visa de Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, exclamó el organismo diplomático.
En octubre de 2025, la cancillería estadounidense ya había expresado que la expedición y vigencia de una visa estadounidense es considerada un privilegio, por lo que puede ser cancelada en cualquier momento por decisión del Gobierno de ese país cuando existan señales de riesgos de seguridad.
Y expuso, en aquel momento, que las razones principales de cancelación de la visa estadounidense es permanecer en territorio más tiempo del autorizado, “participar en actividades ilícitas, representar un riesgo para la seguridad” o involucrarse con organizaciones terroristas o que apoyen al terrorismo.
El pronunciamiento se produce en medio del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos a México tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las cuales han derivado en largas esperas, revocaciones y hasta cancelaciones de visas a políticos y figuras mexicanas.
Entre ellos gobernadores, exfuncionarios, artistas y empresarios, lo que ha generado un intenso debate sobre las razones detrás de estas decisiones y la falta de información oficial sobre los casos.
