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El mexicano Juan Antonio Ortiz-Valle, de 54 años, fue condenado este jueves en Florida, Estados Unidos, a seis años y tres meses de prisión por delitos relacionados con tráfico de cocaína, informaron fuentes judiciales.
La jueza federal Kathryn Kimball Mizelle, con sede en Tampa (costa oeste de Florida), dictó sentencia a Ortiz-Valle, quien se había declarado culpable en marzo pasado, tal como había hecho antes con su cómplice, Jeramie Normandin, de 33 años, que pasará tres años en una prisión federal por delitos similares.
Normandin también se había declarado culpable previamente.
Según documentos judiciales, Ortiz-Valle es un ciudadano mexicano que fue admitido legalmente en Estados Unidos entre 1996 y 2000, pero permaneció en el país después de que expiró su estatus legal.
Vivió en Dallas, Texas y Pensacola (Florida) hasta su arresto en este caso iniciado a raíz de la venta de 10 kilogramos de cocaína a través de una fuente confidencial.
El mexicano se reunió varias veces con agentes antidrogas encubiertos para arreglar operaciones de venta de estupefacientes.
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Según los documentos del juicio, Ortiz-Valle dijo que trabajaba con personas en México y Texas y tenía fuentes que podían suministrar tanta cocaína como fuera necesario.
Interpol emite ficha roja contra esposa de García Luna
Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, secretario se Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, tiene una orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de la República, misma que se tramita “con carácter de urgente” para recibir el apoyo de la Policía Internacional (Interpol), que giró una ficha roja en su contra este miércoles 19 de julio.
“La FGR tramita con carácter de urgente ante las autoridades correspondientes, la cumplimentación de órdenes de aprehensión, a través de Interpol, en contra de Genaro ‘G’ y de sus cómplices que se dieron a la fuga, para obtener, en su caso, la extradición que proceda”, dijo la dependencia.
Las autoridades mexicanas acusan a Pereyra de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que uno de los expedientes apunta que, junto con García Luna, sus hermanos y alrededor de 50 personas más, participaron en 10 “contratos ilegales y abusivos de equipamiento de las cárceles públicas federales del país, cuyo daño se estima en 5 mil 112 millones de pesos”.
Linda Cristina Pereyra fue la única persona que testificó a favor de García Luna en el juicio ocurrido entre enero y febrero de este año, en el que se declaró culpable del expolicía mexicano de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y asociación delictiva, así como uno más por declaraciones falsas.