Identifican retos para combatir la corrupción

Durante el 2021, así como en el 2020, la ciudadanía en México ha sido testigo de cómo los Sistemas Anticorrupción, tanto nacional como local, han sido víctimas de los intereses políticos de los partidos en turno.

Así lo señala El Observatorio Ciudadano del SEA de Nuevo León en su Informe 2021 sobre el desempeño de los órganos que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, identificando las áreas de oportunidad y dando recomendaciones para su buen funcionamiento.

Este Observatorio analizó la situación del Comité de Participación Ciudadana (CPC), el papel del Congreso de Nuevo León en los nombramientos de los órganos ciudadanos, el desempeño de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la aprobación de una Política Estatal Anticorrupción y, por primera vez, a los municipios de Monterrey y San Pedro para conocer su avance en la implementación de sus Sistemas Municipales Anticorrupción.

Carmelo Cattafi, miembro del Observatorio Ciudadano del SEANL, mencionó que en tres años de operación, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) solo cumplió con 15 de sus 21 atribuciones legales, es decir; un 71.5 por ciento, la mayoría de corte administrativo.

Respecto al desempeño de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se identificó una falta de seguimiento y control, sin datos acerca de las auditorías realizadas, mucho menos estadísticas ni actas del Consejo Consultivo dentro de su portal.

En el caso de la LXXV Legislatura (2018-2021), la Comisión Anticorrupción realizó un total de 15 sesiones a lo largo de 36 meses, lo que da un promedio de una sesión cada cuatro meses.

Tan sólo 53 por ciento de estas sesiones atendieron temas que impactan al SEANL, dejando 42 asuntos sin resolver de la Comisión Anticorrupción.

“La falta de seguimiento a sus pendientes ha tenido como consecuencia que el Grupo Ciudadano de Acompañamiento y el Comité de Selección están desintegrados e inexistentes, y que el Comité de Participación Ciudadana sólo tenga 1 integrante de 5″, expresó.

En materia de la Política Estatal Anticorrupción, Nuevo León es uno de los 14 estados del país en no contar con este instrumento, y tiene el principal reto de integrar la visión de la sociedad civil organizada, así como fomentar la participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, y ejes de acción sólidos, que doten de legitimidad a la política.

Dentro del análisis de Gobierno Abierto y transparencia municipal, se observó en los casos de San Pedro y Monterrey una falta de impulso para integrarse al Sistema Estatal Anticorrupción, y que el trabajo coordinado ha sido limitado y débil.

No existen planes de acción locales con metas, actividades específicas a realizarse, los periodos de cumplimiento, indicadores, medios de verificación y responsables de combatir y castigar la corrupción dentro del ámbito municipal, explicó.

“Estamos comprometidos a colaborar y coadyuvar con las autoridades y así garantizar el buen funcionamiento del SEA y dar puntual seguimiento a la implementación de las recomendaciones aquí emitidas, que les permitan un mejor desempeño de sus funciones”, sostuvo Cattafi.