Un nuevo episodio de violencia golpea a la familia LeBarón, asentada entre Chihuahua y Sonora, tras la denuncia de un ataque contra uno de sus integrantes, en un contexto que revive las alertas por inseguridad en la región serrana del norte del país.
De acuerdo con información difundida por el activista Adrián LeBarón, un grupo armado habría irrumpido en una vivienda familiar este fin de semana, lo que encendió las alarmas entre miembros de la comunidad y organizaciones civiles que han acompañado sus denuncias en los últimos años.
El hecho fue dado a conocer también a través de redes sociales por Julián LeBarón, quien señaló la gravedad de la situación, al advertir que 12 sicarios ingresaron a la casa de su hermano en Alamillo, Chihuahua; sin embargo, hasta el momento no existe un parte oficial detallado por parte de autoridades estatales o federales que confirme plenamente las circunstancias del ataque.
La familia LeBarón ha sido un referente en la denuncia de la violencia en México desde la masacre ocurrida en 2019, por lo que este nuevo incidente vuelve a colocar el foco en la seguridad en comunidades rurales.
¿Qué se sabe del ataque a la familia LeBarón?
Según información publicada por Quadratín Chihuahua, Adrián LeBarón denunció la irrupción de presuntos sicarios en una vivienda perteneciente a su familia. El activista afirmó que hombres armados ingresaron al inmueble, lo que generó temor entre los habitantes de la zona.
En tanto, en la red social X, Julián LeBarón advirtió sobre la situación, aunque no detalló públicamente el saldo del incidente ni si hubo personas lesionadas.
No hay datos confirmados sobre víctimas, detenidos o enfrentamientos, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.
Violencia en Chihuahua: contexto del caso LeBarón
La región noroeste de Chihuahua ha sido escenario de disputas entre grupos del crimen organizado, particularmente en zonas rurales y comunidades aisladas.
La familia LeBarón ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de seguridad y la presencia de grupos armados en la zona. Tras la masacre de 2019, exigieron justicia y mayor presencia del Estado, lo que derivó en operativos federales.
Sin embargo, este nuevo episodio sugiere que las condiciones de seguridad siguen siendo frágiles.
