La economía mexicana arrancó el año con señales que invitan a un optimismo moderado.
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del INEGI anticipó crecimiento en enero; el consumo privado mostró resiliencia pese al entorno restrictivo de tasas, y las ventas de autos sorprendieron al alza, reflejando tanto demanda interna como disponibilidad de inventarios.
Sin embargo, la pregunta relevante no es si México empezó bien el año, sino si podrá sostener ese impulso en un entorno internacional cada vez más incierto.
La reciente decisión de la Corte de Estados Unidos en materia de aranceles ha introducido un nuevo factor de incertidumbre en la política comercial norteamericana. Más allá del efecto inmediato, el precedente abre la puerta a reinterpretaciones legales, litigios y ajustes que podrían alterar los márgenes de preferencia que hoy tiene México frente a competidores como China.
En paralelo, la renegociación del T-MEC, que formalmente se revisará a partir de julio, pero que en los hechos ya comenzó, se perfila más compleja de lo previsto.
El riesgo no es necesariamente una ruptura del tratado, sino un entorno prolongado de indefinición. Para una economía como la mexicana, cuya integración manufacturera con Estados Unidos es profunda —particularmente en sectores como el automotriz, equipo eléctrico, maquinaria y dispositivos médicos—, la incertidumbre comercial tiende a traducirse rápidamente en cautela inversora.
La denominada ‘cláusula sunset’ del T-MEC establece que, si en la revisión a los seis años del Tratado, que se cumplen en este 2026, las partes no acuerdan su extensión por seis años más, se activará un procedimiento de revisiones anuales durante su vigencia hasta 2036.
Esto implica que año por año, podrían modificarse diversos aspectos del arreglo comercial, lo que sería una gran fuente constante de incertidumbre.
Ante este panorama, la única variable sobre la que México tiene control directo es la interna. Y ahí radica el verdadero desafío.
La economía mexicana ha demostrado que puede crecer aun frente a choques externos adversos. Pero ese desempeño ha descansado, en buena medida, en la fortaleza exportadora y en el arrastre del mercado estadounidense. Si ese soporte se vuelve menos predecible, el motor interno debe fortalecerse; de lo contrario, podríamos caer en un periodo prolongado de muy bajo crecimiento.
Eso implica, de manera central, detonar mayor inversión privada.
En los últimos meses, la inversión fija bruta ha mostrado una leve recuperación, aunque aún enfrenta límites estructurales. Los niveles relativos al PIB apenas han regresado a los registros previos a 2018, y su composición revela un peso relevante del sector privado en maquinaria y equipo, mientras que la inversión pública se ha concentrado en proyectos emblemáticos con limitada capacidad multiplicadora inmediata.
El Plan México, presuntamente, la apuesta a incentivar la inversión privada mediante cambios en la estructura de la proveeduría y una mayor participación del sector privado en proyectos que van de la mano con los del Estado, no parece estar generando resultados medibles todavía.
El siguiente paso exige un rediseño institucional que permita esquemas mixtos verdaderamente atractivos para el capital privado. No se trata solo de asociaciones público-privadas en infraestructura tradicional. Se requiere avanzar en fórmulas que combinen participación gubernamental, financiamiento privado y marcos regulatorios estables en sectores estratégicos: energía, logística, agua, infraestructura digital y transporte.
Para que estos esquemas funcionen, la clave es la certidumbre jurídica, no solo como principio general, sino en cada proyecto.
La reforma judicial ha generado interrogantes en la comunidad empresarial. Más allá de posturas ideológicas, los inversionistas —nacionales y extranjeros— buscan reglas claras, tribunales especializados y tiempos procesales previsibles. La percepción de que los contratos pueden ejecutarse con imparcialidad es un determinante crítico del costo de capital.
Si el gobierno logra enviar señales inequívocas de respeto a la legalidad, fortalecer los mecanismos de solución de controversias y profesionalizar la operación del nuevo sistema judicial, el efecto puede ser virtuoso. La inversión no reaccionaría únicamente a incentivos fiscales o financieros, sino a la confianza institucional.
En cambio, si persiste la ambigüedad, los proyectos se pospondrán. Y en un contexto global donde Estados Unidos endurece su política industrial, Europa redefine subsidios y Asia compite agresivamente por cadenas de suministro, el capital se moverá hacia donde perciba menor riesgo.
México tiene ventajas estructurales innegables: proximidad geográfica al mayor mercado del mundo, una base manufacturera integrada, tratados comerciales amplios y una demografía aún favorable. Pero esas ventajas no son automáticas. Requieren un entorno doméstico que reduzca la prima de incertidumbre.
Las cifras positivas del IOAE, del consumo privado y de las ventas automotrices son una fotografía alentadora. No obstante, sin un aumento sostenido de la inversión —particularmente en sectores productivos con alto contenido tecnológico y capacidad exportadora—, el crecimiento tenderá a moderarse.
La historia económica mexicana muestra que los episodios de expansión sostenida han coincidido con periodos de claridad institucional y apertura a la iniciativa privada. En contraste, cuando la señal pública ha sido ambigua o confrontativa, la inversión se ha frenado, incluso en medio de ciclos externos favorables.
Hoy, el contexto internacional no ofrece margen para la complacencia. La renegociación del T-MEC podría derivar en ajustes sectoriales, nuevas exigencias de contenido regional o cláusulas de seguridad nacional más estrictas. La decisión de la Corte estadounidense es solo un recordatorio de que la política comercial se ha judicializado y politizado en Washington.
Frente a ese escenario, México debe reducir la incertidumbre que sí depende de nosotros.
Crear proyectos mixtos creíbles, garantizar seguridad jurídica bajo el nuevo sistema judicial y enviar señales claras de colaboración con el sector privado no es una concesión, sino una estrategia de crecimiento. De lo contrario, las buenas cifras del arranque de año serán apenas un paréntesis estadístico en un entorno de desaceleración. La continuidad del dinamismo no dependerá únicamente de lo que ocurra en EU, sino de la capacidad de México para construir confianza desde casa.
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