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La ley tuvo su origen en una iniciativa del entonces senador del Verde, Jorge Emilio González.

El documento sostiene que no podrá utilizarse para restringir la libertad de expresión, editorial o programática ni para ejercer censura previa. También contiene disposiciones razonables sobre publicidad, códigos de ética y defensores de las audiencias.

Mientras en México el debate legislativo avanza sin rumbo claro, América Latina ya empezó a moverse. Chile consolidó su Política Nacional de IA y cuenta con un consejo especialista para supervisar algoritmos en sectores sensibles.

A esa ley, que en su caso debió ser de corte más bien administrativo, se le dio un perfil abiertamente penal, como lo indica su propio nombre: ley que reforma el Código Penal, como si profesar una religión fuere en sí una actividad delictiva y reo de delito quien tenga una fe religiosa.

En varias entidades federativas se han impulsado reformas, principalmente en materia penal, para tipificar ciertas conductas vinculadas con usos indebidos de la inteligencia artificial generativa.

Con la excusa de proteger al sistema financiero, los bancos tradicionales tuvieron que cargar con peso muerto solo para poder modernizarse.

Políticas de cumplimiento robustas reducen el riesgo sistémico y fortalecen la competitividad del sector.

El dilema plantea preguntas complejas, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a nuestra privacidad en aras de la seguridad?, ¿es posible encontrar un equilibrio que proteja ambos aspectos?

Cada línea de código potencialmente puede convertirse en norma; cada base de datos, en territorio de vigilancia; cada interfaz, en una forma de condicionar lo que vemos, pensamos y creemos posible.

Este martes, con 75 votos de Moreno y aliados a favor y 37 votos en contra, el Senado aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.