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El conflicto del aguacate, buen referente para el maíz

México tendrá que sostener, con argumentos científicos, su prohibición al maíz transgénico para consumo humano, escribe Víctor Piz.

Se veía venir que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitara formalmente la instalación de un panel de solución de diferencias bajo el T-MEC sobre las medidas regulatorias mexicanas relacionadas con el maíz biotecnológico.

Se cumplieron los plazos de las consultas de solución de controversias sobre la prohibición del uso de maíz biotecnológico, o transgénico, en tortillas o masa, iniciadas el 2 de junio, y lamentablemente no hubo acuerdo.

Ahora todo se dirimirá en un panel internacional, al que aún no se sabe si se adherirá Canadá como tercero interesado por la canola que le exporta a México y cuyo cultivo también tiene un origen biotecnológico.

Si EU presentó una reclamación contra México es porque considera que hay un incumplimiento nuestro a los compromisos del Tratado.

En este tema se pasó de las consultas técnicas a las consultas de solución de controversias para, finalmente, terminar en el panel, que es la siguiente etapa del proceso.

A principios de marzo, la USTR solicitó a la Secretaría de Economía el inicio de consultas técnicas para abordar el decreto del Ejecutivo mexicano del 13 de febrero sobre glifosato y maíz genéticamente modificado.

En ese decreto presidencial se prohíbe el uso de maíz biotecnológico en tortillas y masa, además se instruye a las agencias gubernamentales mexicanas a eliminar gradualmente el uso de este tipo de maíz en productos destinados tanto al consumo humano como a la alimentación animal.

Luego, a principios de junio, EU y Canadá decidieron iniciar consultas de solución de controversias sobre la misma prohibición en México.

Al gobierno mexicano siempre se le cuestionó la falta de evidencia científica que respalde la prohibición del uso de maíz genéticamente modificado en alimentos destinados al consumo humano y animal.

Por segunda ocasión, México tuvo la oportunidad de dar respuesta a las preocupaciones de EU sobre estas medidas restrictivas al comercio, pero no lo hizo.

Esta semana se cumplió el plazo de 75 días del proceso de consultas en el mecanismo de solución de controversias bajo el T-MEC, que EU y Canadá iniciaron contra México por presuntas violaciones al Tratado en el sector de biotecnología.

A falta de acuerdo, la USTR, que había sido muy paciente, solicitó el panel contra México tras reclamarle que mantiene una postura ideológica y no lleva un proceso basado en la ciencia y las reglas del T-MEC.

Ahora México tiene que demostrar ante el panel que la regulación nacional relacionada con el maíz biotecnológico está en línea con los compromisos adquiridos en el Tratado.

Este viernes, el Consejo Nacional Agropecuario señaló que el panel es un tema técnico y científico, no de política comercial, que deberá resolverse dentro del mecanismo de solución de controversias del T-MEC.

En un comunicado, el organismo del sector privado expuso que tanto Semarnat como Conahcyt y Cofepris, que darán respaldo a Economía en la defensa de México, “tendrán que demostrar científicamente y de manera inequívoca los alegatos del supuesto daño que los transgénicos causan a la salud”.

Como antecedente, en 2022 México ganó un caso ante la Organización Mundial del Comercio contra Costa Rica, que impuso medidas para restringir o prohibir la importación de aguacate fresco originario de nuestro país.

En el conflicto del aguacate, que se remontaba a 2015, Costa Rica alegaba la presencia de la enfermedad ‘mancha de sol’ en el producto mexicano, que era predominante en las importaciones costarricenses.

La OMC tardó en resolver, pero determinó que no existía una justificación sanitaria adecuada del país centroamericano, por lo que le dio la razón a México.

Sin evidencia técnico-científica que justifique el decreto de febrero y la prohibición del maíz biotecnológico, México corre el riesgo de perder el panel de solución de controversias con EU.

Pero además de perder el panel, puede comprometer el superávit comercial en el sector agroalimentario, que el año pasado superó los 15 mil millones de dólares, por las restricciones que le impondrían a sus exportaciones hacia EU y, tal vez, Canadá.

Habrá una solución al problema, si hay voluntad política en México. ¿La habrá?

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