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Del ‘entreguismo’ al proteccionismo energético

¿Qué pasará con las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá sobre el T-MEC?

El presidente López Obrador se dijo listo para defender a México ante las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá, en el marco del T-MEC, sobre las políticas energéticas impulsadas por el gobierno mexicano, que presuntamente contravienen disposiciones del acuerdo entre los tres países.

Las consultas comenzarán en un plazo de 30 días a partir de que se recibieron las solicitudes por parte de los gobiernos estadounidense y canadiense e, inicialmente, la etapa de consultas puede durar al menos 75 días.

En su conferencia matutina del jueves, AMLO dijo que la celebración de consultas para la resolución de una controversia es un procedimiento establecido en el T-MEC, al cual se ha recurrido en cinco ocasiones, aunque en realidad son cuatro.

El presidente afirmó que “no hay ninguna violación al T-MEC” por parte de las políticas energéticas de su gobierno. En ese tema “no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo de México, sobre el petróleo”, señaló.

Expuso que, en materia eléctrica, “las mismas leyes que ellos (los ‘gobiernos entreguistas’ anteriores) aprobaron” para destruir por completo a la CFE y entregar el mercado a las empresas privadas, sobre todo extranjeras, fueron violadas, “al grado de que la Suprema Corte acaba de resolver que todo lo relacionado con el autoabasto en generación de energía eléctrica es fraude legal”, según AMLO.

Para remachar, el presidente reiteró este viernes en Puerto Vallarta, también en su conferencia mañanera, que “acaba de resolver la Suprema Corte que es fraude legal lo del autoabasto”, por lo que “legalmente no existe ninguna violación al tratado” entre México, EU y Canadá.

En realidad, la SCJN –con el voto minoritario de cuatro ministros de los 11 que integran el pleno– reconoció la validez de los artículos transitorios de la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 que prevén la posibilidad de revocar permisos obtenidos en fraude a la ley, así como revisar, renegociar o terminar contratos suscritos con productores independientes.

El máximo tribunal no determinó si los contratos de autoabasto son ilegales ni que la ley impugnada, tanto en una acción de inconstitucionalidad como en dos controversias constitucionales, sea violatoria o no del T-MEC.

La resolución de la Corte, que en abril se pronunció en contra de la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, bastó para que, de inmediato, el gobierno decidiera revisar y revocar los permisos de autoabastecimiento ‘irregulares’ o ‘ilegales’.

No sólo eso, sino que a principios de este mes, Manuel Bartlett, director general de la CFE, anunció que la empresa estatal eléctrica demandará a 110 sociedades de autoabasto, de los 234 autoabastecimientos existentes.

“Son 110 sociedades de autoabasto ilegales”, a las que “vamos a demandar por daños y perjuicios”, dijo el funcionario, quien está a cargo, junto con el secretario de Gobernación y la de Energía, del ‘diálogo’ con los generadores de energía de este sistema.

Por cierto, Canadá pidió el inicio de consultas respecto a la Ley de la Industria Eléctrica, mientras que EU las solicitó en relación con “ciertas medidas de México que socavan a las empresas estadounidenses”.

A saber, la Representación Comercial de EU impugna cuatro puntos: la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, que prioriza la electricidad producida por la CFE sobre la generada por los competidores privados; las inacciones, demoras, denegaciones y revocaciones para operar en el sector energético; la regulación de diciembre de 2019 que permite a Pemex incumplir la norma sobre diésel de uso automotriz bajo en azufre, y la regulación de junio de 2022 que favorece a Pemex y CFE en el uso de la red de transporte de gas natural.

El T-MEC, que entró en vigor hace dos años, ciertamente garantiza la independencia y soberanía de nuestro país en materia energética.

Pero lo no exime de los compromisos asumidos con los prestadores de servicios, exportadores, importadores e inversionistas que participan en el sector.

Es por eso que México no debe violentar la certeza jurídica de los proyectos energéticos desarrollados a la luz del T-MEC ni desestimar las consultas solicitadas por EU y Canadá.

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