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La disputa sobre el modelo energético

Se estima que 20 mil mdd en activos energéticos de EU están amenazados por las acciones de México en materia energética, según el congresista Clay Higgins.

El nuevo reclamo en el Congreso estadounidense contra el gobierno mexicano respecto a que sus acciones en materia de energía violan el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, suma presión contra la política energética del presidente López Obrador.

Aunque el acuerdo es fundamental para la economía mexicana por ser pieza clave de la integración con EU y motor para el crecimiento, legisladores estadounidenses vuelven a acusar a México de contravenir sus compromisos en el TMEC para mantener mercados abiertos.

Así lo advierte la carta fechada el 18 de marzo y enviada por el representante republicano Clay Higgins a la demócrata Carolyn Maloney, donde exige iniciar una investigación que determine si la política energética de AMLO viola las disposiciones del TMEC.

“Le urgimos, como jefa del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, a que convoque una audiencia para investigar el grado en el que México está incumpliendo sus compromisos bajo el TMEC”, plantea Higgins.

El republicano señala a AMLO de estar “nacionalizando efectivamente” la industria energética de México por su cuenta al cerrar toda competencia extranjera a Pemex.

Higgins también acusa a la Guardia Nacional de haber confiscado varios activos energéticos de compañías estadounidenses, sin ofrecer ningún recurso para que puedan reabrir sus operaciones comerciales “cerradas ilegalmente”.

“Se estima que 20 mil millones de dólares en activos energéticos de EU están amenazados por las acciones de México”, según el congresista, cuyo reclamo se reitera cuando aquí Morena busca aprobar la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, que principalmente se enfoca en la industria eléctrica, con algunos cambios menores:

Revisar las tarifas a los usuarios de energía eléctrica, garantizar el derecho humano a la electricidad y otorgar estímulos para la compra de vehículos eléctricos, entre otros.

La iniciativa propuesta por AMLO en septiembre de 2021 no será modificada sustancialmente a partir del debate que se ha dado en el Congreso, ni habrá un término medio en las reformas planteadas para transformar el sector.

La iniciativa propone eliminar los órganos reguladores coordinados en materia energética y plantea “la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada”.

También prevé que la CFE sea el predominante en la generación eléctrica con una participación de “por lo menos” 54 por ciento.

Apenas la semana pasada, la calificadora Fitch Ratings advirtió que la reversión de la legislación vigente en materia energética disminuiría la competencia y conduciría a precios de electricidad más altos.

En su opinión, eliminar las agencias reguladoras de energía para dar control total del mercado eléctrico a la CFE, propiciaría un mayor riesgo regulatorio para el sector.

Los comentarios de Fitch no están nada alejados de la recomendación que emitió hace dos semanas la Cofece para no aprobar en sus términos la iniciativa del Ejecutivo.

Según la Cofece, el modelo propuesto en la reforma “representa un retroceso en todos los frentes”, pues implicaría instaurar un monopolio en toda la cadena de valor del sector; crear un monopsonio en la compra de electricidad que, en su caso, la CFE decida llevar a cabo, y desmantelar el marco institucional y regulatorio que tutela el interés público, entre otros riesgos de afectación a consumidores y empresas.

Las reformas constitucionales propuestas deben ser aprobadas por mayoría calificada o dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras del Congreso.

Si bien existe una baja probabilidad de aprobación sin más modificaciones que las aceptadas por Morena, la prioridad de AMLO es desafiar las reformas de 2013 y anteriores mediante la renegociación de los contratos “leoninos” y la eliminación de beneficios otorgados a empresas privadas nacionales y, sobre todo, extranjeras.

El riesgo es que la reversión de esas reformas y los cambios a la regulación de las actividades del sector energético aumentan la incertidumbre y erosionan la confianza de los inversionistas en México, como lo alertó el embajador de EU, Ken Salazar.

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