Hace casi dos años, a finales de abril de 2020, en plena primera ola de la pandemia de covid-19, se anunció que había concluido el proceso de negociación para la modernización de la vertiente económica-comercial del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México, conocido como TLCUEM.
El renegociado TLCUEM da un mensaje de apertura comercial y se convierte en la pieza más reciente de una nueva generación de tratados, junto con el T-MEC –con Estados Unidos y Canadá– y el TIPAT –con los países de la región Asia-Pacífico–, para robustecer el comercio y la inversión.
El acuerdo modernizado con Europa incluye nuevas disciplinas, como energía y materias primas, desarrollo sostenible, pequeñas y medianas empresas, buenas prácticas regulatorias, transparencia y anticorrupción, entre otras.
La Unión Europea es el tercer socio comercial de México, después de Estados Unidos y Canadá, y es también la segunda fuente de inversión extranjera directa en nuestro país.
Terminada la negociación, los procesos que debían correr son la revisión legal del acuerdo y después la traducción a todos los idiomas de la UE, lo que implica traducirlo a los más de 20 idiomas oficiales del bloque.
Luego viene la firma como paso previo para someterlo a consideración de las instancias legislativas de ambas partes.
Dicho de otra manera, el Parlamento Europeo y el Senado mexicano deben ratificarlo para que el TLCUEM entre en vigor y se implemente en su totalidad, lo que aún no ha sucedido y quién sabe si ocurra en el transcurso de este año.
Pero además se requiere la ratificación de los parlamentos nacionales; es decir, de todos y cada uno de los 27 países miembros de la UE.
Como se sabe, el Parlamento Europeo pidió el jueves a las autoridades mexicanas que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos.
En una resolución aprobada por amplia mayoría, advierte que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”.
Además, la eurocámara “observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra los periodistas y su labor”.
La resolución alude a la retórica populista del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas.
En respuesta, la Presidencia de México calificó a los eurodiputados de “borregos” que siguen una estrategia reaccionaria contra la cuarta transformación.
“Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial”, enfatizó a través de un comunicado difundido por la vocería.
Este viernes, AMLO reconoció que él redactó la respuesta, que obviamente no privilegia la diplomacia, con Jesús Ramírez, su vocero, sin la intervención del canciller Marcelo Ebrard.
Se pasa por alto que el punto de partida del acuerdo con la UE, vigente en su primera etapa desde julio de 2000, es la denominada ‘cláusula democrática’.
Esta representa la manifestación de voluntad de las partes a respetar y promover, en sus políticas internas, los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales.
Si eso se pone en duda, el acuerdo renegociado con la UE puede naufragar, según personas que participaron activamente en varios procesos de negociaciones comerciales.
De ser así, el TLCUEM modernizado podría pasar a un segundo plano, con lo que los lazos comerciales entre México y la UE no se verán fortalecidos ni los beneficios para las partes se podrán materializar.
Menos cuando el comercio mundial ha estado sujeto a políticas proteccionistas que derivaron en guerras comerciales, que la pandemia empeoró y el conflicto militar entre Rusia y Ucrania agravó.
Tan es así que la semana cierra con la noticia de que Estados Unidos y sus aliados declararon una virtual guerra comercial a Rusia al retirarle el trato de ‘nación más favorecida’, que permite el libre comercio de algunos bienes y servicios.