Entre la nutrida agenda informativa de la semana que hoy concluye, pasó inadvertida una crítica más del presidente López Obrador a las rondas de licitación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.
AMLO dijo en su conferencia matutina del martes que cuando se negoció y aprobó la reforma energética de 2013, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, “se le decía a la gente que iba a llegar la inversión extranjera a raudales, que iba a aumentar la producción petrolera, que iba a bajar el precio de la gasolina, (y el) de la luz”.
La muestra de que no fue así, agregó el presidente, es que de 111 contratos otorgados, sólo están produciendo dos. No dijo que esos contratos fueron celebrados con 76 empresas de 20 países, que los ganaron por la vía de la competencia.
Y luego señaló que “si fuese nuestra intención revocar esas concesiones tendríamos elementos, porque (obtuvieron los contratos) engañado de que iban a invertir y no invirtieron nada. ¿Qué hicieron con las concesiones? Las metieron al mercado financiero para especular”.
AMLO aseguró que la promesa fue producir tres millones de barriles diarios de petróleo y los privados sólo aportan 20 mil barriles, por lo que Petróleos Mexicanos extrae el 98 por ciento de la producción nacional.
Además de que hubo un ‘engaño’, fueron “una estafa las llamadas rondas o lo que (ese proceso) significó”, enfatizó el presidente.
Indicó que si no se cancelan los contratos es para que no digan que su gobierno está “expropiando”, ni que en México no se cumple el Estado de derecho.
A manera de respuesta, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, que representa a los principales inversionistas y operadores de petróleo y gas en el país, emitió un comunicado para informar que de los 111 contratos petroleros celebrados, 31 están produciendo y el resto continúa en fase de exploración.
Apuntó que la producción de la industria que representa es de 66.5 mil barriles diarios de petróleo a septiembre pasado, que incluyen migraciones con socios y asociaciones de privados con Pemex, conocidas como ‘farmouts’.
Recordó que la producción de un contrato exploratorio puede tardar alrededor de 15 años en extraer hidrocarburos.
La Amexhi precisó que de 2015 a octubre de este año, la industria ha invertido más de 18 mil millones de dólares y tiene el potencial de invertir más de 42 mil millones en los próximos años.
Con independencia de las críticas de AMLO a la reforma de 2013 y al modelo energético ‘neoliberal’, el reto del país en materia de hidrocarburos es enorme y ninguna empresa, por grande que sea, lo puede superar sola.
Sin duda Pemex concentra la producción y seguirá siendo, por siempre, la principal empresa petrolera en el territorio nacional.
Pero se necesita de un esfuerzo colectivo, si se quiere que en pocos años México produzca dos millones de barriles diarios de petróleo desde alrededor de 1.7 millones actualmente.
Dos millones de barriles diarios es el tope fijado por el presidente, cuyo compromiso es que al finalizar su mandato en 2024 “no exportaremos petróleo”, pues toda la producción se destinará al mercado interno.
Quiere decir que la próxima administración, sin importar quién la encabece, prescindirá de los ingresos petroleros en las finanzas públicas, que este año se han visto robustecidos por el aumento en el precio del crudo de exportación que compensa la menor producción.
Mientras se mantiene el debate sobre la política energética en el país, las calificadoras se hicieron presentes.
El miércoles Fitch Ratings ratificó la calificación de la deuda soberana de México en BBB- con perspectiva estable.
Un día después Moody’s actualizó su opinión crediticia sobre la deuda mexicana, que mantiene la calificación Baa1 con perspectiva negativa.
Con esas calificaciones, México conserva el grado de inversión, pero hay una serie de riesgos en el panorama que plantean retos importantes en materia fiscal.
Uno muy importante que advierte Fitch es el riesgo para las finanzas públicas que implica el respaldo financiero a Pemex a través de beneficios fiscales y capitalizaciones del gobierno.
Desde la óptica de Moody’s, un desafío crediticio del país es la necesidad de apoyo recurrente y sustancial a la empresa petrolera, que está erosionando la solidez fiscal.
No es una buena señal que haya preocupaciones sobre la perspectiva fiscal de México, menos cuando la nueva política energética apuesta a no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda interna.