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Año 1 del T-MEC, entre luces y sombras

Aunque el balance es positivo a un año de la entrada en vigor del T-MEC, no hay que descartar más acusaciones contra México.

Mañana se cumple un año de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que sustituyó al TLCAN y que modernizó las reglas para mejorar el comercio y la inversión en América del Norte.

México llega al primer aniversario del acuerdo como el principal socio comercial de EU, por arriba de Canadá –el otro aliado en Norteamérica– y China en el primer cuatrimestre del año.

En el periodo enero-abril, el comercio bilateral ascendió a 208.6 mil millones de dólares, lo que representó 14.8 por ciento del intercambio de bienes de EU con el mundo.

México es el segundo mercado para las exportaciones estadounidenses, después de Canadá, y es también el segundo proveedor de las importaciones de EU, después de China.

Ser el principal socio comercial de EU es resultado de la integración productiva de ambas economías, reflejada en los beneficios para México de la rápida recuperación económica estadounidense tras los efectos provocados por la pandemia.

El impulso ha provenido en buena medida del restablecimiento de las cadenas de valor con nuestro principal socio comercial, así como del despliegue de EU para vacunar a su población y contener los contagios de Covid-19.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues en reiteradas ocasiones organismos empresariales, congresistas e incluso funcionarios estadounidenses han acusado a México de incumplir compromisos asumidos en el T-MEC o de violar reglas del acuerdo.

El capítulo energético es uno de los temas más polémicos, junto con las nuevas disposiciones en materia laboral y de medio ambiente.

Son conocidas las tensiones entre EU y México en materia de energía por las reformas aprobadas aquí sobre el sector eléctrico y el de hidrocarburos, que por cierto están suspendidas por mandato del Poder Judicial.

En EU diversos actores han señalado que el cambio de reglas evidencia las acciones discriminatorias del gobierno mexicano contra empresas privadas estadounidenses para favorecer a Pemex y CFE.

En materia laboral, apenas en mayo la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR) solicitó al gobierno mexicano revisar la supuesta denegación de derechos de libre asociación y negociación colectiva a los trabajadores de la planta de General Motors en Silao.

El caso activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, que también fue invocado en una denuncia por presunta denegación de derechos contra trabajadores, presentada por sindicatos estadounidenses –incluidas las influyentes coaliciones sindicales AFL-CIO y SEIU– contra Tridonex, fábrica de autopartes ubicada en Matamoros.

Mientras se resuelven, la Cámara de Comercio de EU (US Chamber of Commerce) envió la semana pasada una carta a la USTR para advertirle de algunas irregularidades en el capítulo laboral y los casos contra México.

En agosto de 2020, “expresamos nuestra preocupación por la falta al debido proceso en los capítulos laborales y de solución de controversias del T-MEC, sobre todo en lo que respecta al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. (Diez meses después) seguimos preocupados por el capítulo laboral y sus procedimientos”, indica la US Chamber of Commerce a través de uno de sus vicepresidentes.

Aunque el balance es positivo a un año de la entrada en vigor del T-MEC, no hay que descartar más acusaciones contra México por presuntamente violar las disposiciones laborales o cambiar las reglas del juego en energía para los inversionistas.

Así, en medio de tensiones con EU, se cumple el primero de los 16 años que, inicialmente, tendrá de vigencia el T-MEC.

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