En abril de 2021, el Consejo General del INE canceló las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón a gobernadores de Guerrero y Michoacán, respectivamente. La decisión, inconstitucional e injusta, fue tomada por una mayoría mínima de seis votos contra cinco, pretextando haberse encontrado gastos no declarados de precampaña a los dos candidatos, por 20 y 50 mil pesos, respectivamente. La motivación real fue una acusación de delitos contra el primero de los referidos, sobre la que no había sentencia, pero que desató una dura reacción de un segmento de la militancia feminista de algunas asociaciones. El segundo de los candidatos fue simplemente víctima colateral del asunto.
Con esta resolución, el INE golpeaba a Andrés Manuel políticamente, en dos de sus más antiguos aliados, pero nada pareció ocurrir. Alguno de los impulsores del fallo se jactaba de que lo habían hecho porque podían. Pero un año después, la embestida llegó mediante una reforma constitucional que decapitaba al INE, entre otras cosas. Autoritaria, desproporcionada, antidemocrática y visceral, la reforma fracasó, pues dos enormes manifestaciones en defensa de la institución hicieron al PRI y al PAN levantarse de la mesa de negociación legislativa, impidiendo así que se lograra la mayoría de dos terceras partes de legisladores necesaria para su aprobación.
El choque con un gobierno de una enorme popularidad, sin embargo, le costó al INE una aprobación ciudadana en el orden de 10%, bajando en las encuestas de alrededor de 80% a algo en torno a 70%. En otra medición, metodológicamente no contrastable con aquéllas, el Latinobarómetro 2026 detecta una aprobación ciudadana hacia el INE de 53%, siendo la segunda autoridad electoral con el más alto registro de Latinoamérica, sólo detrás del auténticamente heroico Servicio Electoral de Chile.
Sin embargo, este mes de octubre, el INE se vio envuelto en un gran escándalo por acusaciones de corrupción. Como resultado inmediato, la presidenta de la institución renunció al cargo, reclamando no anticipar conclusiones sobre el asunto y que este se dirimiera por las vías institucionales.
Más allá de lo que eventualmente resulte de cualquier indagatoria, lo cierto es que estos acontecimientos han golpeado severamente la credibilidad pública del Instituto Nacional Electoral, cosa muy grave, en especial en las cercanías de elecciones federales y locales en el país. Esto significa, en términos prácticos, que, en adición a las múltiples y complejas tareas de organizar los comicios en todo el país, el INE deberá acreditar socialmente, y contrarreloj, no sólo que es capaz de entregar elecciones con puntualidad, sino que estas tendrán la integridad con la que históricamente las ha producido.
En esa ruta, deberá profundizar en su transparencia, fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana y partidista sobre sus acciones e intensificar los mecanismos de control de la integridad electoral. Adicionalmente, hacia su interior, tendrá que ser implacable ante cualquiera que haya participado en cualquier tipo de actos de corrupción. En este proceso de manos limpias nadie puede gozar de impunidad, ni los consejeros electorales, ni los directores, ni cualquier otro integrante del aparato de administración electoral a cualquier nivel.
Pero la tarea va mucho más allá. El INE tiene que poder garantizar a los partidos y a la sociedad en general que en su funcionamiento presente y futuro sea ya imposible cualquier acto de corrupción que pueda poner en duda, no digamos ya la credibilidad electoral de la institución, sino la integridad de su administración. No sólo hay que expulsar a los corruptos, sino que se debe cerrar cualquier mínima grieta que ponga en riesgo la calidad de sus servicios y la confianza que la ciudadanía sigue depositando en ella.
