El sistema de cuotas para acceder al Poder Legislativo, en vigor por decisión del Tribunal Electoral, ha fracasado en dar representación a grupos sociales vulnerados, no ha servido sino para simular inclusión y se ha probado extremadamente frágil ante la falsificación de las condiciones personales de discriminación de los candidatos postulados por este mecanismo. Sin embargo, bajo otras condiciones, las cuotas sí podrían lograr ese efecto.
El elemento crítico para lograr que quienes son electos por cuotas realmente representen a los grupos discriminados correspondientes es que su postulación goce de un mínimo de respaldo democrático de personas pertenecientes a esos grupos. Eso se puede lograr a través de votaciones internas de los propios partidos, decisiones de órganos colegiados nunca con menor representatividad que los consejos nacionales de esas organizaciones políticas, y el uso de instrumentos demoscópicos, en distintos arreglos. De esta forma, se rebasa la creencia feudal de que algunas personas representan a otras por sus características personales, y se transita a la concepción democrática de que la representación se escoge voluntariamente.
Un segundo elemento es romper con el vicio de que las autoridades electorales escojan condiciones de identidad particulares susceptibles de recibir cuotas, para adecuarse al mandato constitucional y aceptar la postulación de personas en cualquiera de las condiciones de discriminación previstas en la Carta Magna. Éstas no deben ser definidas a priori por los órganos electorales, sino definidas por cada partido, en función de su propuesta programática y de sus consecuentes alianzas sociales.
Finalmente, es indispensable eliminar el criterio de que todos los partidos deben postular candidatos de las mismas categorías y en el mismo número, al margen de su propuesta política y satisfaciendo las creencias de un puñado de funcionarios electorales. Los partidos defienden distintos objetivos políticos, totalmente al margen de lo que consejeros o magistrados electorales puedan personalmente considerar encomiable o reprobable.
En concreto, proponemos que cada partido reserve 10% de sus postulaciones para cuotas que beneficien a grupos vulnerados. Las categorías de candidatos a postular deberán de ser definidas por cada partido, estando desde luego, como cualquier acto partidista, sujetas a vigilancia de la autoridad y eventualmente a valoración judicial, y siempre, pero únicamente, condicionadas a satisfacer las previsiones del artículo 1º. de la Constitución.
Ese 10% de candidaturas deberá distribuirse homogéneamente en el conjunto de postulaciones de cada partido, atendiendo a las posibilidades de triunfo y a los niveles específicos de competitividad de cada candidatura. De esta forma se garantiza que, con tanta precisión como la estadística puede proporcionar, el 10% de los electos de cada partido serán candidatos postulados por estas cuotas.
Este nuevo modelo garantizaría una base mínima de representatividad voluntariamente otorgada a cada persona electa, pero, sobre todo, al ser concordantes con el programa político de cada partido, aseguraría que el desempeño legislativo del electo contara como base general con el respaldo del grupo parlamentario al que pertenezca. Esta condición es indispensable para que los esfuerzos del legislador electo puedan lograr auténticos avances legislativos, de acuerdo con la agenda específica destinada al grupo vulnerado correspondiente.
Las cuotas electorales no pueden tener como fin legítimo rescatar de la discriminación a algunas docenas de individuos, sino dar representación a los millones de personas víctimas de tratos sociales injustos. Lograr que la presencia de personas discriminadas en las cámaras se traduzca en auténtica representación parlamentaria es imposible si no existe, como hasta hoy, vínculo democrático entre los electores y quien adquiere esa representación, ni respaldo partidista para impulsar una agenda política específica. Es el momento de que las autoridades electorales superen la tentación de hacer parecer que se da representación a la población vulnerada, para asumir la obligación de lograr que así sea.
