Nuestra ciudad requiere modernizarse, mejorar la movilidad, acabar con las inundaciones, operar adecuadamente el Metro, resolver el problema de los desechos, prestar servicios donde no los hay, abatir la falta de vivienda, apoyar la generación de fuentes de empleo con menos tramitología, acabar con la corrupción en la emisión de licencias y permisos de todo tipo, mejorar el alumbrado público, atender la inseguridad, disminuir los feminicidios y la violencia contra las mujeres, mejorar y desideologizar la educación pública, reconstruir el sistema nacional de salud, atender a enfermos de cáncer y de VIH, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y resolver la escasez de agua potable. Por mencionar tan solo lo más relevante.
Nuestra ciudad creció por épocas y por colonias. Construyó dos grandes avenidas, Reforma e Insurgentes, que cruzan el trazo urbano; impulsó la vivienda unifamiliar; generó parques y estatuas conmemorativas de nuestra historia; se crearon las delegaciones y la ciudadanía empezó a tener una referencia de pertenencia: los coyoacanenses, los chintololos, los xochimilcas, los de Las Lomas, los polanquitos, los sanangelinos, los del Pedregal. Se construyó el drenaje profundo para evitar inundaciones. Se mejoró la movilidad y surgieron el Viaducto y el Periférico; después los ejes viales; posteriormente los circuitos y los trenes, hoy ya insuficientes por la ubicación de centros de trabajo en la capital y por los empleados que vienen de las zonas conurbadas. La vida en la ciudad se encareció; ante la falta de oferta de vivienda se registró una migración hacia el Estado de México y hoy constituimos un área metropolitana que comparte problemas y alternativas de solución.
Los capitalinos dejamos de ser ciudadanos de segunda y al fin pudimos elegir a nuestros gobernantes. Desde entonces gobernó el PRD y después Morena. No se concluyó la red planeada del Metro, salvo la Línea 12, y tampoco se continuaron las obras de drenaje profundo u otras de presupuestos altos. Se crearon diversas formas de participación social, empezando con los jefes de manzana a partir de los sismos de 1985, que sirvieron para reconstruir la ciudad y se fueron transformando en mecanismos de elección vecinal hasta llegar a los Copaco. Las delegaciones enfrentaron la participación ciudadana de diversas formas: a veces como aliados, otras como enemigos, dependiendo del asunto o problema que se enfrentara.
Todos queremos contar con servicios, pero nadie quiere una gasolinera junto a su casa, o un centro de recolección de basura en su colonia, o bares y centros nocturnos cerca de escuelas, o narcomenudeo en zonas populares, o grandes edificios que limiten el acceso a vialidades y a fuentes de dotación de agua. Esto complicó el desarrollo urbano de la capital y se dejaron de hacer acciones relevantes por oposición vecinal. Se impulsaron planes parciales de desarrollo por delegación para normar actividades comerciales, sociales, de vivienda y de transporte en las colonias. Se crearon áreas protegidas de sitios históricos y de recarga de acuíferos, y los usos de suelo se apegaron en lo posible a esta planeación. Pero las limitaciones frente a una creciente demanda de servicios generaron corrupción tanto en algunas alcaldías como en las representaciones vecinales.
Ampliar la participación social en el desarrollo urbano es necesario y posible en un esquema de colaboración. Pero, en lugar de hacerlo, hoy la Constitución de la CDMX crea un Instituto de Planeación y Prospectiva para aprobar un plan a 20 años. Centraliza recursos, crea casas de gestión con funciones propias de las alcaldías —que verán mermados sus recursos y facultades—, desaparece el peso de la representación vecinal y la sustituye por asambleas, genera polígonos que abarcan una o varias alcaldías y propone un nuevo esquema de urbanización. El documento no es fácil de analizar, pues es sumamente técnico. Pero lo cierto es que centraliza el otorgamiento de usos de suelo en toda la capital. Este proyecto fue sometido a una consulta en la que pocos participaron, y sigue sin conocerse la propuesta que la Jefa de Gobierno envió a la Cámara de Diputados para su aprobación, con la salvedad de que los diputados no pueden realizar cambios. Con ello se alteran los posibles contrapesos al gobierno capitalino. Entraremos a una nueva etapa en la vida de la ciudad sin poder opinar ni ampararnos frente a propuestas del gobierno y de los desarrolladores.
En este entorno surgen dos nuevos partidos nacionales que en 2027 deberán alcanzar un mínimo de 3% de la votación para mantener su registro. Son PAZ y SOMOSMX. El primero está asociado a esquemas de pertenencia religiosa. El segundo tiene una ideología democrática y aliancista, en la que caben exmilitantes de diversos partidos, líderes de causas sociales y ciudadanos que no habían tenido filiación partidista, todos con el compromiso de recuperar la democracia y salvar a la República de la destrucción provocada por años de gobiernos ineficientes. El origen no es determinante, pues la idea es fusionar cuadros partidistas con sociedad civil, esquema que muchos partidos han intentado con poco éxito.
Muchos critican que más partidos no sirven a la democracia y que erosionan el voto opositor. Sin embargo, el voto opositor requiere crecer y hoy puede hacerlo con más activismo político; así, el ciudadano opositor tendrá más opciones para emitir su voto. Lo cierto es que hoy los dos partidos de nueva creación no pueden realizar alianzas, pero para 2030 SOMOSMX impulsará la creación de un Frente Amplio Opositor que le permita competir frente a Morena.
Hoy Morena mantiene su activismo y su bandera es la defensa de la soberanía frente a la amenaza de Estados Unidos de tomar acciones directas contra los narcopolíticos. A ello se suma el rechazo a la reforma judicial, que no da certeza a las inversiones. Por el momento no se ha cumplido con el tratado de extradición. Las consecuencias han sido duras: la degradación de Moody’s al país y de S&P a CFE y Pemex; presiones arancelarias y de inversión hacia México; la salida de empresas hacia territorio norteamericano; y, más grave aún, el debilitamiento del T-MEC, cuya vigencia se mantiene a 10 años, pero con revisiones anuales. Con ello sigue creciendo la deuda pública y el PIB permanece estancado. Pero tenemos a Rocha Moya e Inzunza a buen resguardo.
Las declaraciones de la Presidente CSP, tras dos años de supuestas investigaciones sobre la extracción de El Mayo Zambada, se basan en una investigación periodística y en la aparición de una aeronave en un museo como usada por el FBI en operativos, incluido el de El Mayo Zambada. Se sube la voz, se hacen reclamos, se descalifica a Ken Salazar antes de que publique su libro, y se pide al gobierno de Estados Unidos informar si realizó una operación encubierta que viola la soberanía. Creo que este escenario no nos favorece, porque las supuestas pruebas derivan de un reportaje realizado por un periodista que ha acusado al narco de financiar campañas de Morena, tema que no se ha investigado.
Así que, capitalinos, solo tenemos el voto opositor y debemos registrar una alta votación que nos permita una mayoría opositora en la Cámara de Diputados para revertir la destrucción de nuestra querida ciudad. Ustedes tienen el poder, hay que usarlo.