Cuando entra en funciones una nueva administración municipal lo podemos notar, entre otras cosas, porque cambia la paleta de color de la ciudad, generalmente con la pintura del color del partido ganador. Cambian los gobernantes y con ellos nos topamos con que también lo hacen las bancas, los postes de alumbrado y hasta los juegos en los parques. Esta acción, más allá de resultar ineficiente y penosa, también es reflejo de una costumbre de la política nacional.
Esta tradición consiste en cerrarle el paso a los proyectos que se arrancaron en las administraciones previas, en construir desde cero, en concluir los programas y políticas de quien gobernó antes. Debido a esta volatilidad en los programas, no es tan común toparse con personas dispuestas a defender lo que se hizo en el pasado. Más allá de la protesta de partidarios y funcionarios de dicha administración, buena parte de los proyectos que se van con el cambio de partido suelen hacerlo sin mayor pena ni gloria.
Sin embargo, hay un termómetro muy claro de aquellos proyectos que sí funcionan o que cubren una necesidad en la sociedad. En el trabajo que he tenido como servidor público me ha sido muy notorio cuando un problema se solucionaba gracias a un programa debido a que las comunidades se organizan para tratar de evitar un cierre de proyecto, finalización de una política pública o la cancelación de la obra. Las escuelas de tiempo completo son una de esas excepciones que moviliza, y con justas razones, a la sociedad.
En un país en el que tantas cosas no funcionan, es fundamental identificar lo que sí cambia la vida de las personas, no sólo para conservarlo, sino para mejorarlo, replicarlo y llevarlo más lejos. En el caso de las escuelas de tiempo completo se está haciendo justo lo contrario. Se va a cortar una política que generaba beneficios evidentes, no solo para la educación, sino también para la movilidad social, para combatir la desnutrición infantil, mejorar las condiciones laborales de los profesores y para evitar el rezago y la deserción escolar.
De acuerdo con el Coneval, los mayores beneficios de este programa eran notorios entre las poblaciones más vulnerables, pues el incremento de la duración de la jornada escolar incluyendo servicio de alimentación “es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje, primordialmente, entre los estudiantes de escuelas primarias en localidades de alta marginación”. Sin embargo, a pesar de que les significaba a los niños de las zonas más marginadas del país la posibilidad de comer fuera de casa, aliviando así un poco de la carga económica y de cuidados que tenían muchas familias –sobre todo de mujeres jefas de familia–, el programa sufrió un recorte de 50 por ciento para 2020 –año de pandemia–, del 100 por ciento durante 2021 y ahora su desaparición a nivel nacional en 2022.
También, como lo planteaba en la columna pasada, otro de los beneficios representaba en una nueva concepción del trabajo de cuidados, el cual al día de hoy sigue recayendo de manera asimétrica en las mujeres: los hombres dedican 19.6 horas semanales a este tipo de trabajo, mientras que los mujeres le dedican 50.4 horas durante la semana, 2.5 veces más. Lo anterior explica, parcialmente, que la participación laboral de las mujeres sea menor a la de los hombres, que en 2022 fue de 43.1 por ciento contra 75.5 por ciento, respectivamente.
Continuar con este programa no es costoso en términos presupuestales. El costo total del programa en 2018, año en que se presupuestó el máximo monto histórico al programa de Escuelas de Tiempo Completo, representaría en la actualidad solo el 0.2 por ciento del gasto neto total de la Federación. Lamentablemente se ve difícil que el gobierno federal dé marcha atrás a esta decisión.
Frente a esto, será fundamental que los gobiernos estatales y municipales tomen acciones para ayudar a la población afectada a amortiguar los efectos de la eliminación de esta política. Se puede hacer mucho, desde acompañar el trabajo de cuidados con programas de alimentación infantil, regularización educativa, espacios públicos para el estudio, atención en materia de salud mental, hasta cubrir el costo de mantener viva esta modalidad educativa con los presupuestos estatales y la colaboración de los gobiernos municipales. Lo que está en juego es mantener o perder un proyecto que sí funciona, y el futuro de las siguientes generaciones.