Trópicos

Ayotzinapa: la pesadilla del sexenio

Las cosas empeoran a diario en relación con los normalistas desaparecidos y están generando consecuencias desastrosas tanto para López Obrador como para su candidata.

El caso Ayotzinapa se está convirtiendo en la peor pesadilla para el gobierno actual a menos de siete meses de que concluya.

La ruptura del diálogo y puentes entre el presidente López Obrador con los padres y abogados de los 43 normalistas de Ayotzinapa, más el asesinato de Yanqui Rothan Gómez, también de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a manos de policías del gobierno estatal de Guerrero, morenista, inoperante y ausente, podría significar para el presidente un revés monumental en su legado y al mismo tiempo pone en riesgo a su candidata, Claudia Sheinbaum.

Y es que de estas dos realidades, que indignan y lastran cualquier estrategia que pretenda ser aplaudida por combatir la impunidad, deja en evidencia que siguen existiendo importantes sectores del Estado mexicano que operan en abierta colusión con el crimen organizado y así como limpian delitos cometidos por policías federales, también lo hacen para el Ejército mexicano, o familiares de funcionarios públicos.

Cuando López Obrador anunció en su mañanera de ayer que se les escapó a las autoridades de Guerrero, el asesino de Yanqui Rothan, queda claro que la impunidad es un fracaso transexenal, y que al actual, les está llegando hasta las barbas en plena recta final de un gobierno que despierta más dudas que aciertos en cuanto al combate de estos flagelos.

En plena campaña electoral, seis años después, se mantiene la afirmación por parte de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, de que la Sedena no ha entregado todos los documentos sobre la desaparición de sus hijos, a lo cual el presidente responde que “posiblemente hubo vínculos entre estos soldados y la delincuencia organizada, pero no se puede decir que participó el Ejército en la desaparición de los jóvenes, hasta ahora no hay pruebas”. Una trampa peligrosa que se manejó desde el gobierno de Peña Nieto.

No obstante, en mayo de 2018, en plena campaña electoral, López Obrador dijo en Iguala: “el régimen que ha cometido estas atrocidades es el régimen que nosotros estamos combatiendo desde hace muchos años, por eso yo, los puedo ver a la cara”, refiriéndose a las madres y los padres de los desaparecidos. Hoy, los normalistas y familiares le han volteado la cara al presidente, porque prefirió defender la impunidad del Ejército que llegar a la verdad.

Paralelamente, la impunidad y violencia que se vive en Guerrero ya es un escándalo que diariamente crece, por el cobijo, apoyo y subvención del crimen organizado a funcionarios públicos de los diversos órdenes del gobierno.

Después de que el pasado 7 de marzo fuera asesinado por elementos de Seguridad Pública estatal de Guerrero, Yanqui Rothan, en un inicio las autoridades del estado quisieron manipular la realidad para culpar al joven de Ayotzinapa, argumentando que conducía un vehículo robado y que quiso saltarse un retén de seguridad. Además, quedó en evidencia que no solo inventaron argumentos, sino que sembraron una pistola en el vehículo. Un día antes, el mismo Yanqui participó en el portazo a Palacio Nacional, según lo informó el abogado Vidulfo Rosales. Y cuatro días después, el policía que asesinó al joven estudiante de 23 años había logrado escapar, gracias a la red de impunidad que hay en Guerrero.

El presidente tuvo que hacer de tripas corazón y nuevamente, enmendar los errores de los gobernantes que él mismo seleccionó, en este caso los de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, cuyo estado que gobierna está en el abandono, bueno, no… “está tomado por el crimen organizado”, según me dijo en entrevista el periodista especializad en narcotráfico, Ricardo Ravelo.

El lunes pasado, López Obrador tuvo que dar por buena la versión de la madre de Yanqui, quien afirmó que “los policías los llegaron a golpear y ahí fue cuando le dispararon (a su hijo) directamente”. El presidente asintió que fue un “abuso de autoridad”.

El presidente se vio entre la espada y la pared: o apoyaba la versión de la madre de Yanqui, o al gobierno de Guerrero. Sabía que de negar la versión de la madre entraría en una nueva escalada de confrontación con los normalistas de Ayotzinapa, de por sí en fase crítica, tan es así que incluso han amenazado con asistir a los mítines de Claudia Sheinbaum para manifestarse por la impunidad en relación con el caso inconcluso de la desaparición de los 43 estudiantes.

El hecho es que la verdad histórica del sexenio pasado sigue en pie, y la violencia del Estado mexicano contra estudiantes de Ayotzinapa se acentúa. En este sexenio, las cosas empeoran a diario en relación con los jóvenes desaparecidos y están generando consecuencias desastrosas para el gobierno de López Obrador, como para su candidata.

Por todos es sabido el peso que el presidente le ha dado a las Fuerzas Armadas en áreas del Estado mexicano donde simplemente no deben ir. Y ese lugar preponderante, de manera inexplicable, no solo reitera un nuevo fracaso en cuanto a la estrategia federal para combatir la inseguridad, sino para acentuar, también, la impunidad.

COLUMNAS ANTERIORES

La bala que impulsó a Trump
El PRI, en fase terminal

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.