En mi columna anterior comenté cómo la Inteligencia Artificial (IA) ha ido ganando terreno sobre los abogados. Quedó pendiente la otra cara de la moneda:
¿Podría la IA reemplazar total o parcialmente a los juzgadores?
¿Qué ocurrirá si los juzgados siguen resistiéndose a implementar esta tecnología?
La mayoría de los despachos de abogados ya adoptaron los modelos de lenguaje (LLMs).
Según el estudio “Legaltech 2026”, de la Universidad Panamericana, 73.6% de los despachos encuestados ya había implementado alguna herramienta de IA y 71.7% la usaba a diario.
En términos prácticos, esto significa que los despachos de litigantes cada vez promovemos más demandas.
Sin embargo, el Poder Judicial no está emitiendo más sentencias que antes, al contrario, el rezago ya es considerable.
De acuerdo con el diagnóstico del Órgano de Administración Judicial, 210 mil 459 expedientes presentan algún tipo de retraso, esto representa el 62.7% de los asuntos listos para resolverse.
No obstante, en la Suprema Corte, las señales sobre la adopción de la IA han sido confusas.
En septiembre de 2025, el ministro Arístides Guerrero dio la nota por consultar (secretamente) una IA durante una sesión del Pleno para explicar un concepto jurídico. Después reconoció que la utiliza y que seguirá haciéndolo.
En abril de este año, en respuesta a una solicitud de transparencia, la Corte informó que su personal tenía acceso a Copilot Chat de Microsoft, aunque a esa fecha no se habían realizado auditorías de transparencia ni evaluaciones de impacto.
El 4 de septiembre, en Guadalajara, la ministra Loretta Ortiz anunció que la Corte comenzaría a usar IA el lunes siguiente, por una decisión del Pleno. Por su parte, el ministro presidente la contradijo, señalando que las herramientas seguían en fase de entrenamiento, con reglas pendientes de aprobación.
En contraste, en España, el Consejo General del Poder Judicial aprobó en enero la Instrucción 2/2026, que establece qué sistemas pueden utilizar sus jueces y con qué límites.
Los borradores de resoluciones elaborados con IA requieren una revisión personal y crítica del juzgador.
Una política de ese tipo permite discutir aplicaciones concretas. La búsqueda de precedentes o la preparación de resúmenes para estudiar un expediente podrían ser puntos de partida, siempre con verificación humana.
Su utilidad tendría que evaluarse en el trabajo cotidiano de los tribunales.
Voy más allá. Me atrevo a vaticinar que en un futuro muchas personas preferirán ser juzgadas por una IA antes que por un humano.
Al menos en casos pequeños o sencillos. Una IA puede ser entrenada para brindar resoluciones objetivas, profesionales y en tiempo récord; circunstancia que superará por mucho a la burocracia y la corrupción que desafortunadamente aqueja a la justicia tradicional.
POST SCRIPTUM
En el amparo directo 6/2025, la Segunda Sala de la Corte negó que una IA pudiera ser titular de derechos de autor.
Ahora que estas entidades también colaborarán con los ministros, veremos si en un futuro nuestro Máximo Tribunal decide reconocerle algún crédito a sus “colaboradores cibernéticos”.