Es el 7 de junio de 2015, día de jornada electoral. Miguel El Piojo Herrera, técnico de la Selección nacional, escribe en Twitter: (@MiguelHerreraDT) “Apoyemos a la selección. No dejen de votar, vamos con los verdes. Los verdes sí cumplen”.
No es el único. En días anteriores más de treinta famosos (’influencers’) manifiestan públicamente su apoyo al Partido Verde (PVEM), alegando una supuesta simpatía por sus propuestas. Crean tendencia en Twitter con los hashtags #VamosVerdes, #ApoyemosALosVerdes y #VamosConLosVerdes.
¿Les suena familiar?
Parece que no aprendimos nada de aquella emboscada propagandística. Seis años después nos repiten la dosis, pero aumentada. Un usuario de las redes sociales conocido con el nombre What the Fake (@whatthefffake) realizó una investigación en donde logró ubicar cien cuentas de influencers que subieron mensajes de apoyo al PVEM durante la veda electoral de este año.
De acuerdo con la investigación, el número de seguidores que posiblemente vieron la propaganda ilegal asciende a más de 140 millones.
La estrategia de violar las vedas electorales ha sido redituable para el PVEM. A pesar de la sanción que el INE le impuso hace seis años, hoy logran ubicarse como una fuerza política relevante. Tendrán entre 40 y 48 diputados federales que inclinarán la balanza en favor de su próximo aliado. Cuando la sanción es menor al lucro que se puede obtener, equivale a una invitación a violar la ley.
Pero no debemos olvidar la responsabilidad de los llamados influencers. Los estudiosos de las redes sociales denominan influencers a los usuarios de éstas que tienen miles de seguidores. En su mayoría se trata de jóvenes, algunos menores de edad, que por su actividad o carisma atraen a otros usuarios que ‘siguen’ sus cuentas.
En el mundo se ha reconocido desde hace años el impacto de los influencers y dado que las empresas empezaron a contratarlos para hacerse publicidad, la mayoría de los países desarrollados emitió leyes especiales para regular su actividad.
En Estados Unidos, por ejemplo, la Federal Trade Commision (FTC) vigila que todo contenido pagado a los influencers contenga avisos –disclaimers– donde se advierta al consumidor que se trata de publicidad. Esto permite a las personas considerar que las opiniones expresadas por el influencer podrían tener un sesgo comercial.
Así también, las cortes de otros países han reconocido que los mensajes de un influencer en redes sociales pueden generar afectaciones mayores a las de un usuario ordinario. Se han dado casos de condenas cuantiosas por difamación y ciberacoso. El riesgo de un influencer de ser demandado en el extranjero es tan alto que varias compañías se han dado a la tarea de venderles seguros de responsabilidad civil.
No se trata de satanizar esta ocupación. Utilizar la propia imagen con fines comerciales es un derecho humano y una actividad lícita conforme al artículo 5° constitucional, simplemente debemos entender que la fama conlleva responsabilidades. El escrutinio social siempre será mayor hacia una persona conocida, especialmente si ese individuo voluntariamente creó una base de seguidores y lucró con ella.
Es urgente que nuestros legisladores trabajen en una regulación justa para los influencers, este grupo es parte de un nuevo escenario publicitario que llegó para quedarse.
El autor es experto en propiedad intelectual.