Hace unos días tuve la oportunidad de participar en el Texas-Mexico Leadership Forum, celebrado en Texas A&M University, impulsado entre otros por el Ing. Jaime Chico Pardo y organizado por el Mosbacher Institute de la Bush School. Empresarios, académicos y especialistas de ambos lados de la frontera conversamos sobre los grandes temas que hoy definen la relación entre México y EU, comercio, agricultura, energía, infraestructura, centros de datos, cadenas de suministro, competitividad industrial y la revisión del T-MEC.
El tema del agua estaba presente al hablar de agricultura y seguridad alimentaria, energía, infraestructura y crecimiento industrial. Estaba detrás de los centros de datos y de las nuevas inversiones intensivas en electricidad. También surgía al hablar de comunidades fronterizas, cambio climático y de una cuenca del Río Bravo sometida a una presión creciente. Todos los caminos parecían llevar al agua.
La automatización, la inteligencia artificial y la digitalización están cambiando la ecuación de la competitividad. Una fábrica automatizada no necesariamente decide dónde instalarse porque encuentre la mano de obra más barata. Una empresa tampoco elegirá México únicamente porque pueda transportar sus productos unas horas más rápido hacia EU. La pregunta empieza a ser mucho más elemental: ¿puedo producir ahí de manera confiable durante los próximos veinte o treinta años?
Eso significa energía disponible, agua suficiente, infraestructura, seguridad, certidumbre regulatoria y comunidades que perciban que el desarrollo económico también mejora sus condiciones de vida. La agricultura representa alrededor de tres cuartas partes del uso del agua en México. De ahí la apuesta federal por tecnificar más de 200 mil hectáreas para producir más con menos agua, pero el reto rebasa al campo. No hay expansión industrial sin agua, como tampoco hay una conversación energética separada de ella. Producir energía requiere agua, mientras bombear, transportar, potabilizar, tratar y reutilizar agua requiere energía.
En la frontera, además, el tema es diplomático. El Tratado de Aguas de 1944 establece, entre otras disposiciones, que EU debe recibir de seis tributarios mexicanos del Río Bravo al menos 1.75 millones de acres-pie durante ciclos de cinco años. Ochenta años después, se administra jurídicamente un recurso cuya disponibilidad física enfrenta condiciones muy distintas a las existentes cuando se firmó el tratado.
Durante el foro me pareció interesante el programa Together for a Better Tomorrow de Texas A&M que trabaja con comunidades en seguridad hídrica, salud pública y resiliencia. Su Safer Water Project, por ejemplo, encontró presencia detectable de uranio, níquel y arsénico en muestras de agua potable de hogares estudiados en el sur de Texas.
La lección es incómoda, tener infraestructura no necesariamente significa tener seguridad hídrica. Puede existir una concesión sin disponibilidad suficiente o una planta industrial que posteriormente enfrente resistencia porque la comunidad percibe que compite por un recurso escaso. También puede existir infraestructura que un organismo operador simplemente no tenga capacidad financiera para mantener.
Estados Unidos ofrece una medida de la dimensión económica del problema. La Agencia de Protección Ambiental de EU estima que sus sistemas públicos de agua necesitarán alrededor de 625 mil millones de dólares durante los próximos veinte años para atender sus necesidades de infraestructura. En una investigación presentada por el Mosbacher Institute, Robert Greer y Tyler Scott analizan bonos, garantías, ingresos públicos dedicados, pagos por servicios ecosistémicos y nuevas estructuras tarifarias. La seguridad hídrica necesita también un modelo financiero.
Ahí encuentro una de las grandes oportunidades para México. Durante años hemos tratado el agua principalmente como un problema ambiental, social o de infraestructura pública, hoy es un tema de política industrial. Las tres dimensiones son correctas, pero incompletas. El agua es también una condición habilitante de inversión y competitividad. Se comienza a reconocer la magnitud del reto. El Programa Nacional Hídrico 2026-2030 incorpora gobernanza, derecho humano al agua, eficiencia agrícola e industrial, manejo de cuencas y adaptación al cambio climático. El gobierno federal también ha planteado inversiones por 122,600 millones de pesos hacia 2030 para 17 proyectos prioritarios de infraestructura hídrica.
Al mismo tiempo, el marco jurídico está en transformación. La discusión sobre la Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales abre una conversación sobre rectoría del Estado, concesiones, disponibilidad y vigilancia. La nueva LGEEPA agrega la dimensión ambiental. Sin embargo, el desafío será dejar de tratar agua, energía, regulación ambiental, inversión y aceptación comunitaria como expedientes separados.
Algunos de los problemas más difíciles de la relación bilateral no caben dentro de una secretaría, una empresa o una disciplina académica. Espacios académicos permiten que quienes estudian acuíferos conversen con quienes financian infraestructura, administran ciudades, producen alimentos, operan empresas y viven en las comunidades afectadas.
Reconocer el agua como derecho tampoco elimina la necesidad de financiar redes, plantas de tratamiento, reúso, tecnificación agrícola, monitoreo y restauración de cuencas. Tampoco deberíamos aceptar una falsa elección entre agua para las comunidades y agua para el desarrollo económico. El problema comienza cuando la inversión llega antes que la planeación hídrica y después intentamos administrar políticamente la escasez.
Si logramos convertir la inversión hídrica, el reúso, la eficiencia y la gestión de cuencas en parte de la estrategia de competitividad, podríamos transformar una enorme vulnerabilidad en una ventaja para atraer y, sobre todo, sostener inversión. El nearshoring del futuro no se decidirá solamente por kilómetros de distancia o costos laborales, sino por la capacidad de un territorio para garantizar agua, energía, infraestructura y estabilidad durante décadas.
México y EU pueden discutir aranceles, reglas de origen, agricultura, energía o centros de datos por separado, pero debajo de muchas de esas conversaciones existe la misma restricción física. Ningún tratado comercial puede producir agua donde una cuenca ya no la tiene.
El agua está dejando de ser solamente un insumo de la producción para convertirse en un criterio de localización de la inversión. Una empresa puede tener permisos, tierra, energía y acceso al mercado estadounidense, pero si no puede asegurar agua durante la vida de su inversión, todo lo demás pierde valor. La siguiente etapa de la competitividad mexicana dependerá menos de ser el vecino ideal de EU y más de demostrar que puede sostener inversión, industria y comunidades en un entorno de creciente estrés hídrico. Quizá éste sea el momento de pensar seriamente en el agua como inversión, antes de que la escasez nos obligue a hacerlo como emergencia. Como bien se dice, sin agua no hay vida. Estamos a punto de vivirlo mucho más de cerca.
