“Toda política económica es también política climática”, ha señalado Rhiana Gunn-Wright, una de las arquitectas del Green New Deal en Estados Unidos. En Querétaro, esa afirmación empieza a adquirir un significado muy concreto. El estado busca consolidarse como uno de los grandes centros de datos de América Latina, y grandes empresas tecnológicas han apostado por él como nodo de la infraestructura que sostiene la nube y, crecientemente, la inteligencia artificial. Las proyecciones anticipan más de 1.5 gigawatts adicionales de capacidad en los próximos años. Sin embargo, detrás del auge tecnológico emerge una pregunta mucho menos futurista y cada vez más política: ¿de dónde saldrán el agua y la electricidad necesarias para sostener ese crecimiento?
La nube, después de todo, también necesita agua, electricidad, tierra y cemento. Durante décadas tratamos al cambio climático como una agenda fundamentalmente ambiental, asociada con emisiones, conservación y negociaciones internacionales. Ese marco se quedó pequeño. La disponibilidad de agua determina dónde puede crecer un corredor industrial, la capacidad eléctrica condiciona dónde puede instalarse un centro de datos, una inundación modifica el costo de asegurar una fábrica, y la cantidad de carbono incorporada en un producto comienza a influir en las condiciones bajo las cuales puede venderse en otros mercados. La política climática es también política industrial.
En México, esta discusión coincide con la oportunidad de aprovechar la relocalización de cadenas de suministro para impulsar una nueva etapa de industrialización. Durante mucho tiempo, la fórmula para atraer inversión fue relativamente conocida, mano de obra competitiva, infraestructura, certidumbre jurídica, tratados comerciales y proximidad con Estados Unidos. Hoy, una empresa que evalúa dónde colocar una inversión intensiva en capital necesita saber si tendrá electricidad suficiente durante las próximas décadas, cuánto de esa electricidad podrá provenir de fuentes limpias, si tendrá acceso sostenible al agua y qué tan expuesta estará su infraestructura a sequías, inundaciones, huracanes o temperaturas extremas.
Los países competirán no sólo por costos, infraestructura y acceso a mercados, sino también por energía limpia, agua y cadenas resilientes. Para México, separar la política industrial de la energética y climática será cada vez más difícil. México parece haber comenzado a reconocer esta convergencia. La nueva NDC 3.0 establece por primera vez una meta absoluta de emisiones para 2035, entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente en el escenario no condicionado. Más significativo para esta discusión es que la estrategia amplía el componente de adaptación, incorpora infraestructura estratégica, gestión hídrica y un nuevo eje sobre seguridad y cambio climático, y vincula explícitamente la transición con el Plan México.
El desafío será convertir esa arquitectura de compromisos en decisiones de inversión. Porque el cambio climático no sólo modifica las políticas ambientales, también empieza a alterar las cuentas públicas y privadas. Entre 2016 y 2025, las aseguradoras mexicanas pagaron alrededor de 79,800 millones de pesos por daños asociados a fenómenos hidrometeorológicos, un promedio de 22 millones de pesos diarios. Sólo en 2025, aun sin el impacto de un huracán catastrófico, los daños asegurados por lluvias, inundaciones y otros fenómenos similares se estimaron en 11,300 millones de pesos, 70% más que el año anterior.
Adaptarse al cambio climático no consiste solamente en construir muros de contención o responder después de un huracán. Significa decidir dónde construir, qué infraestructura reforzar, cómo administrar el agua, qué riesgos puede asumir el sector privado y cuáles tendrá que absorber el Estado. Significa también desarrollar mercados de seguros, garantías, bonos de resiliencia y otros instrumentos capaces de movilizar capital antes de que ocurra el desastre, no solamente recursos públicos después de él.
Muchas de las decisiones que definirán la competitividad climática de México no se tomarán en famosas conferencias internacionales, sino cuando un gobernador asigne agua entre ciudades e industria, un municipio autorice un parque industrial, se decida dónde ampliar la red eléctrica o si un proyecto que promete empleos es compatible con los recursos disponibles.
Eso convierte al clima en una cuestión de gobernabilidad. Los beneficios de una inversión pueden ser nacionales, mientras sus costos ambientales son profundamente locales. Querétaro puede convertirse en un hub tecnológico, pero las comunidades comparten sus acuíferos y su infraestructura. Resolver esa tensión requiere algo más que escoger entre inversión y medio ambiente, requiere planeación, infraestructura y reglas capaces de distribuir costos y beneficios.
En la economía que está emergiendo, la pregunta relevante será qué tipo de crecimiento puede sostenerse cuando el agua es más escasa, los fenómenos extremos son más costosos, las empresas buscan electricidad limpia y nuestros principales socios comerciales incorporan progresivamente criterios climáticos a sus decisiones económicas.
México tiene ventajas extraordinarias para responder, una posición geográfica, integración con Norteamérica, una plataforma manufacturera sofisticada y un enorme potencial de energías renovables. Pero el nearshoring no ocurre por decreto, y esas ventajas no garantizan por sí mismas la inversión. Habrá que construir la electricidad, las redes, el agua, la infraestructura y la resiliencia que esa nueva industria necesita.
La discusión climática de los próximos años no ocurrirá únicamente entre ambientalistas, estará en las decisiones de gobiernos, legisladores, inversionistas y empresas. Una empresa que debe decidir dónde colocar miles de millones de dólares no espera a que un país resuelva dentro de cinco o diez años sus restricciones de electricidad, transmisión o agua. Si Texas, Arizona u otro estado puede garantizar energía, infraestructura y certidumbre en los tiempos que requiere el proyecto, la inversión simplemente se desplaza. La agenda climática quizá no se haya puesto de moda entre los políticos y consejos de administración, pero las variables climáticas sí, y cada vez pesan más a la hora de decidir dónde poner el dinero.
