El 2 de mayo de 2011, Washington demostró que una alianza no garantiza aviso previo. Estados Unidos entró a Pakistán, realizó una operación militar en Abbottabad y mató a Osama bin Laden.
Pakistán era un socio central en la lucha contra Al Qaeda. La relación bilateral no se rompió antes de la incursión.
La Casa Blanca fue explícita después: no compartió la inteligencia sobre el complejo con ningún otro país, incluido Pakistán, porque consideró indispensable preservar la seguridad de la operación y de su personal.
No acusó públicamente a Islamabad de haber filtrado información. Operacionalmente, sin embargo, el resultado fue el mismo: el socio quedó fuera de la misión.
Ese es un umbral mucho más útil para mirar a México que la pregunta fácil sobre una eventual “intervención”.
Washington lleva meses moviendo el objeto de su ofensiva. Primero convirtió a los cárteles en organizaciones terroristas. Después avanzó sobre facilitadores y funcionarios.
En abril, la acusación que involucra a Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa describió una presunta red que alcanzaría gubernatura, Fiscalía y corporaciones policiales.
Es una imputación, no una sentencia, pero introduce una diferencia esencial: el expediente ya no pregunta sólo quién delinque, sino qué funciones del Estado pudieron haber sido penetradas.
Terrance C. Cole añadió otro eslabón. El administrador de la DEA sostuvo el 5 de agosto que miembros del gobierno mexicano protegen al CJNG y anunció que la agencia persigue tanto al cártel como a funcionarios corruptos que lo facilitan.
Stephen Miller había formulado días antes el diagnóstico superior: los sistemas judicial, político y legal de México no funcionan porque existen territorios “controlados y ocupados” por organizaciones terroristas.
Cole y Miller no hacen lo mismo. Cole ayuda a convertir personas en objetivos. Miller convierte la incapacidad institucional en argumento.
La historia estadounidense muestra por qué conviene distinguirlos. Antes de la invasión de Panamá en 1989, Manuel Noriega ya estaba acusado por narcotráfico.
La relación se deterioró, mientras el Pentágono preparaba otra cosa: según la historia oficial del Ejército estadounidense, la contingencia de invasión se estudiaba desde 1987 y se entrenaba desde el otoño de 1989.
El asesinato de un militar estadounidense en diciembre no creó la capacidad; activó una que ya estaba preparada.
México no es Panamá ni Pakistán. Ninguno de esos antecedentes demuestra que Estados Unidos vaya a repetirlos aquí. Pero ambos desmontan una premisa cómoda: que una acción unilateral tendría que comenzar con una ruptura diplomática, una declaración de guerra o un anuncio solemne.
No necesariamente.
Un Estado puede seguir siendo socio y quedar fuera de una operación concreta. Abbottabad lo demostró. Por eso el indicador que deberíamos vigilar ya no es únicamente cuánto coopera Washington con México, sino cuánto confía en las instituciones mexicanas para compartir información sensible.
El cambio de fase ocurriría si Estados Unidos concluye que avisar a determinada autoridad mexicana puede comprometer una investigación, proteger al objetivo o hacer fracasar una operación.
Entonces la discusión dejaría de ser si México coopera suficientemente y pasaría a ser si Washington considera seguro cooperar con México.
Ahí se juega una parte de la soberanía que rara vez aparece en los discursos. No sólo en la facultad jurídica de impedir que otro Estado actúe en nuestro territorio, sino en la capacidad material de hacer innecesario que pretenda hacerlo: policías que no filtren, fiscalías que investiguen, funcionarios que puedan ser procesados por su propio país y territorios donde la autoridad conserve el monopolio efectivo de la fuerza.
La pregunta, entonces, no es cuándo Estados Unidos decidirá intervenir. Quizá esa sea la pregunta que llega demasiado tarde. Antes existe otra decisión, menos visible y quizá más trascendente: cuándo deja de confiar lo suficiente para avisar.
Y la pregunta para México no es qué responderá ese día, sino qué está haciendo hoy para que Washington no encuentre razones —reales o construidas— para llegar a él.
ANTES DEL FIN
Quizá ya dejó de ser prudente seguir pidiendo pruebas como única respuesta. Si Washington no las entrega, quedan dos posibilidades: no existen elementos suficientes o no confía en las instituciones mexicanas para compartirlos.
La primera debilita su acusación. La segunda, nuestra soberanía.
