Opacidad, aprendizaje y derechos son tres palabras que no deberían ir juntas jamás. Las dos últimas sí porque el aprendizaje es un derecho habilitante que permite que otros derechos puedan ser exigidos como la participación, la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos, pero cuando se añade la primera palabra, “opacidad”, el resultado es un atropello para las otras dos.

Esto viene a colación porque hace unos días la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer irregularidades graves en el uso de los recursos asignados al programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) destinado a mejorar la infraestructura escolar (y también a mantener los fines del extinto programa Escuelas de Tiempo Completo que son jornada ampliada y servicio de alimentación).

Las anomalías encontradas en el ejercicio 2021 de LEEN van desde repartir recursos a personas fallecidas hasta depositar dinero en cuentas no registradas por los beneficiarios del programa y, peor aún, no se puede demostrar que los recursos estén generando las mejoras a la infraestructura que las niñas, niños y jóvenes (NNJ) requieren para estar seguros en la escuela y para aprender más y mejor.

Los recursos públicos son -justamente- públicos porque son de todas y todos. El dinero es un bien escaso para todas las necesidades que hay que atender, por eso, el gasto público debe ser transparente -que se pueda saber cómo se usa el dinero-, eficaz -que se usen los recursos para lo que fueron destinados-, eficiente -que se optimice el uso del recurso para realmente lograr los objetivos-, incluyente -que traiga beneficios para todas las personas sin dejar a nadie fuera-, equitativo -que se destine más para quien más lo necesite- y con rendición de cuentas – que todas y todos podamos saber cuánto dinero se usó, para qué fines y cómo se utilizó-. Cuando esto no sucede podemos hablar de opacidad y es una violación a los derechos de la ciudadanía.

El caso de LEEN es particularmente impactante porque las autoridades federales decidieron eliminar el programa Escuelas de Tiempo Completo bajo el argumento de que tenía irregularidades que podían entenderse como corrupción; en su momento dijimos que si un programa funciona (y ETC tuvo un impacto positivo en el aprendizaje y estaba enfocado a escuelas en zonas de alta marginación), la solución ante las posibles irregularidades no es eliminarlo, es transparentarlo y fortalecerlo para que la ciudadanía y las autoridades podamos darle seguimiento y así hacer los ajustes necesarios para mejorarlo.

Sin embargo, se siguió adelante con la eliminación de ETC y con la consolidación de LEEN, un programa que desde el inicio mostró problemas importantes: en Mexicanos Primero alzamos la voz para decir que se necesitaba saber cuánto dinero se repartía, a qué escuelas y cómo se estaba utilizando y logramos LEEN incorporara la jornada ampliada y el servicio de alimentación porque ningún programa público puede limitar los derechos que ya tenían las NNJ.  A pesar de los esfuerzos, LEEN ha seguido operando con irregularidades tal y como reportó la ASF ante el legislativo.

Queda en evidencia que LEEN no es efectivo, transparente ni cuenta con mecanismos de rendición de cuentas; tampoco genera verdadera participación en las comunidades escolares ya que el dinero no se utiliza para cubrir las necesidades prioritarias de cada comunidad, de hecho no se sabe en qué se usa el recurso ni cómo beneficia a NNJ.

Desafortunadamente, la opacidad del programa no contribuye a garantizar el aprendizaje de las NNJ y atenta contra sus derechos. Hoy, opacidad, aprendizaje y derechos están en el mismo enunciado y los más perjudicados son las y los estudiantes y sus familias, pero también la ciudadanía que aporta al gasto público y que no ve resultados que garanticen que el dinero público -sí, ese que es de todas y todos- realmente sirva para mejorar las comunidades escolares.

Son más de 13 mil millones con los que contó LEEN en 2021 y para este año el programa ejerce más de 27 mil millones. Por eso la urgencia de denunciar la opacidad. Hacemos un llamado para que se revisen y atiendan las irregularidades de LEEN. Todos los programas educativos deben garantizar el derecho a aprender, esto significa que se ponga al centro a NNJ; es por ello que en la crisis educativa que afrontamos, es fundamental no perder más tiempo y enfocar el presupuesto y toda la energía para que las NNJ estén en la escuela, aprendan y participen en ella; que derecho y aprendizaje vayan juntos, pero sin ninguna opacidad.