Alberto Serdán Rosales*
A los cientos de ciudadanos que participaron como observadores.
Este 14 de julio se llevó a cabo el Examen Nacional de Conocimientos, Habilidades y Competencias Docentes para el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas magisteriales, instrumento para una selección más justa de los maestros frente a grupo si se le compara con prácticas arraigadas como las palancas, la venta o herencia de plazas, el condicionamiento a una lealtad política, partidista o sindical, mecanismos con los cuales, tradicionalmente, una persona que deseaba ser maestro podía serlo.
La aplicación del examen tiene grandes méritos en el marco de las discusiones de la legislación secundaria de la Reforma Educativa: la participación de los más de 140,000 docentes es una muestra clara de su compromiso por avanzar con base en su mérito y preparación; un grupo de autoridades estuvieron a la altura de su tarea y cientos de ciudadanos participaron activamente como observadores. De hecho, por primera vez, la observación ciudadana del examen superó a la sindical, pues de los 1,404 observadores acreditados, solo 409 lo fueron parte del SNTE, 554 fueron por parte de la organización civil Mexicanos Primero y el resto por decenas de organizaciones.
En la aplicación del examen, madres y padres de familia, estudiantes, jubilados, trabajadores y ciudadanos acompañaron a los maestros para verificar el cumplimiento de las reglas previstas para la aplicación del examen, notificar a las instancias correspondientes de las irregularidades en el proceso y aportar información imparcial y objetiva sobre los hechos utilizando una metodología específica.
De acuerdo con reportes de los observadores, no existieron incidentes mayores en el marco de un examen que involucró a miles de sustentantes. Sólo se dieron casos de uso de acordeones con seis sustentantes, uno en Guerrero, tres en Yucatán y dos en Puebla, así como la falta de un cuadernillo en Monterrey y uno en Colima que se aclararon el mismo día. Si bien hubo algunos aspectos logísticos que pueden mejorarse y que permitan facilitar la labor de observación, en términos generales y considerando que hubo presencia en todos los estados de la República, puede afirmarse que el examen se desarrolló apegado a la legalidad.
No obstante, casos como los mencionados deberán contar con las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades para deslindar responsabilidades y dar certeza a procesos como éste. Si bien se tuvo el decidido apoyo por parte de las autoridades federales, la observación fue vista con recelo en algunas escuelas.
Estas resistencias se irán disipando en un proceso de ajuste, en el que los actores que tradicionalmente han controlado la educación (gobierno y sindicato) se den cuenta de que hay una ciudadanía que quiere participar en asuntos públicos y ser factor fundamental en su transformación.
Ante sus ojos, los ciudadanos serán los extraños, los extranjeros, con más razón si su papel es crítico de conductas que por años han caracterizado al sistema educativo y que no son deseables. En el fondo, ello forma parte de un tránsito de un sistema autoritario y cerrado a uno democrático y abierto. La inacabada transición a la democracia tiene episodios en diferentes ámbitos como el electoral, pero también en el de las relaciones de poder en otras arenas, como en este caso la educación.
Se trata en sí de ocupar los espacios a los que todo ciudadano tiene derecho para participar, deliberar, monitorear y vigilar asuntos públicos. Son mecanismos de contrapesos que limitan el espacio para los abusos de poder.
La escuela es el punto de contacto más constante de un ciudadano con el Estado.
Es la primera referencia de una persona (niño o joven) con el servicio público. La urgencia de transformar la educación va más allá de una visión bucólica del maestro con sus alumnos, sino que implica el destierro de prácticas corruptas en lo que es la primera línea de aprendizaje de la niñez y la juventud respecto de los asuntos públicos.
La corrupción en la educación es detestable no sólo porque todos los actos corruptos lo son, sino por el simbolismo de que, en el espacio público para la formación cívica de una persona, se normalicen comportamientos antiéticos. La ocupación ciudadana de espacios en la educación es fundamental para favorecer a los buenos maestros y al derecho a la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes mexicanos.
En el futuro, la observación ciudadana en la educación deberá ser una norma para corregir comportamientos que tanto han dañado al sistema educativo. La ciudadanía también tiene tarea.
Alberto Serdán
www.mexicanosprimero.org
* Coordinador de Activación Ciudadana en Mexicanos Primero.
Opinión