Cuando hablamos de la crisis educativa que enfrentamos actualmente suele pensarse en que las escuelas no cuentan con instalaciones adecuadas, que las y los estudiantes no saben cómo resolver las operaciones matemáticas, que las y los docentes no cuentan con verdaderas estrategias formativas. Todo esto es verdad, es parte de esta crisis que arrastra deficiencias históricas que no puso a la educación como prioridad y que el cierre de las escuelas durante la pandemia terminó de colapsar; pero no es solamente eso: la crisis que enfrentamos es una crisis de derechos, una crisis del derecho a aprender específicamente.
En Mexicanos Primero entendemos el derecho a aprender como que todas las niñas, niños y jóvenes (NNJ) estén en la escuela -y permanezcan en ella al menos todo el ciclo de educación obligatoria-, que aprendan -lo que quieren y necesitan- y que puedan participar plenamente en la sociedad, pero la realidad de la crisis educativa es que hoy estamos más lejos de garantizar ese derecho a cada niña, niño y joven en el país.
¿Qué significa esto? Que hoy NNJ no están en la escuela. Faltan datos públicos que nos permitan entender a cabalidad el fenómeno, pero podemos estimar que el cierre de las escuelas dejó un millón trescientos mil estudiantes fuera del sistema educativo y lo peor es que no hay una política de búsqueda y reconexión, es decir: no sabemos quiénes son ni dónde están, y no estamos desarrollando estrategias para que regresen.
Y quienes continúan en la escuela no aprenden; esto no es nuevo, desde antes de la pandemia más de la mitad de las y los estudiantes (56 por ciento) quedaban en los niveles 0 y 1 en las pruebas estandarizadas y después de la pandemia incluso hubo retroceso: ocho de cada diez estudiantes de 10 a 15 años tuvieron problemas para comprender un texto sencillo.
Las NNJ tampoco participan, no hay espacios para que las y los estudiantes se involucren en las decisiones que les afectan en su proceso educativo y el sistema educativo tampoco fomenta que cuenten con las competencias democráticas que van a necesitar para participar; de hecho, la escuela sigue siendo profundamente vertical en la mayoría de los casos. Pero además de eso, ¿cómo pueden participar plenamente si muchas NNJ regresaron a la escuela con signos de depresión y ansiedad?
Faltan estudios que demuestren la relación entre la salud socioemocional y el desenvolvimiento de NNJ en la escuela para tomar decisiones, establecer relaciones con otros, generar proyectos y trabajar en equipo, pero es muy factible que los problemas que ya empiezan a enfrentar las comunidades escolares desde el reinicio de clases presenciales tengan un impacto en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades individuales y sociales; las y los docentes reportan generaciones enteras más retraídas, con poca capacidad de socialización y dificultad para expresar emociones y quizá tome años entender este proceso, pero es claro que requiere actuar inmediatamente acompañando a las y los estudiantes, formando a las y los docentes y trabajando conjuntamente con las familias.
Entonces, si hoy las y los estudiantes no están, no aprenden y no cuentan con las habilidades para participar podemos afirmar que la crisis educativa no es sólo una suma de circunstancias negativas, sino que es una verdadera catástrofe para el derecho a aprender y no únicamente como una violación a la ley sino con un impacto real y cotidiano en la vida de nuestras NNJ.
Cuando las autoridades no garantizan el derecho a aprender y cuando la sociedad no comprende la importancia de este derecho, corremos el riesgo de truncar la vida de las personas, de afectar su futuro, pero también de coartar las posibilidades de desarrollo pleno en el presente. Superar la crisis educativa es generar estrategias y políticas para revertir el abandono, el rezago y para atender la salud socioemocional, pero más allá, es un compromiso con el derecho de nuestras NNJ urgente y fundamental.