Inicio esta columna hablando de un pequeño país antillano: Haití. Está ubicado en el lado oeste de la isla La Española, que comparte con la República Dominicana, y fue la primera “república negra” en constituirse como tal y en independizarse. Hoy Haití es tristemente célebre por ser el país más pobre de América, por enfrentar severas crisis económicas, fenómenos naturales devastadores, la presencia de grupos armados y el colapso de su gobierno. No es casual que con frecuencia se le califique como un “Estado fallido”, una expresión que describe cuando los esfuerzos económicos y de gobernanza parecen haber fracasado.
A pesar de todo esto, su gobierno tomó una decisión importante con la que surgió un pequeño rayo de esperanza en su sistema educativo. Durante la primera reunión preparatoria del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2030, coordinado por la UNESCO y que evalúa los aprendizajes en prácticamente toda América Latina, se anunció la incorporación de Haití al estudio. La noticia es relevante no solo por lo que implica para ese país, que podrá contar con información puntual sobre cómo están aprendiendo lectura y matemáticas las niñas y los niños de 3º y 6º de primaria; también lo es para la región, porque fortalece una herramienta que permite comparar, entender y generar evidencia sólida para la toma de decisiones en política educativa.
Pero, ¿hacia dónde voy con todo esto? ¿Por qué hablar de un país que parece tan remoto y tan contrastante con México? México es hoy, de acuerdo al tamaño de su Producto Interno Bruto (PIB), la décimo tercera economía del mundo y a pesar de su bajo crecimiento, mantiene estabilidad macroeconómica, niveles de inflación relativamente controlados, y una expansión importante en infraestructura. Pero también es un país profundamente desigual, que requiere modernizar su sistema fiscal, su mercado laboral y, por supuesto, su sistema educativo.
Y es justo ahí donde aparece la contradicción. México debería estar interesado en mejorar su sistema educativo a partir de la evidencia: midiendo, comparando, entendiendo cómo aprenden sus estudiantes y tomando decisiones que vayan más allá de las transferencias directas. Y, sin embargo, no lo está haciendo. La última vez que México estuvo presente fue en ERCE 2019, y por tanto, no participó en la edición 2025 (cuyos resultados están por publicarse) y tampoco lo hará en 2030.
¿Por qué un país en el que casi todo ha fallado quiere saber cómo están aprendiendo sus niñas y niños? La respuesta es sencilla: porque en Haití entienden que sin datos no hay rumbo, que solo la evidencia permite orientar un sistema educativo que debe ser la base del desarrollo y la garantía de un derecho humano fundamental: la educación, que además habilita todos los demás derechos.
En México, en cambio, nos instalamos en la comodidad de las apariencias. Creemos que el sistema funciona porque las escuelas abren (cuando sí abren), porque hay libros de texto y porque hay maestras y maestros que sostienen todo con esfuerzo individual. Pero dejamos de mirar lo esencial: si las y los estudiantes están aprendiendo, si su derecho se cumple o si solo se simula.
Porque abrir escuelas no es educar. Entregar apoyos no es garantizar derechos. Y evitar medir no es neutral: es decidir no saber. Desde Mexicanos Primero, no dejaremos de repetir que México debe volver a tener un sistema integral de evaluación de los aprendizajes, sin eso el derecho a la educación no se garantiza, solo se simula.
