El tiempo regresivo corre aceleradamente respecto de un tema que, sin las luces de los asuntos prioritarios, puede llegar a convertirse en la manzana de la discordia de nuestros tratos comerciales con EUA y Europa. Se trata de los compromisos asumidos por nuestro país en las negociaciones del tratado de libre comercio con la Unión Europea, en materia de respeto a sus denominaciones de origen y la inminente renegociación del TMEC en el ya cercano 2026.
Como se recordará, nuestro país intensificó en 2018 las negociaciones con la Unión Europea para alcanzar un acuerdo evolucionado de libre comercio, ante la posibilidad de perder el TLCAN con EUA y Canadá como resultado de la llegada de Trump a la presidencia. La idea era fortalecer lazos con otros socios comerciales que permitieran una urgente diversificación de nuestras exportaciones. Este tratado, logrado con arduos esfuerzos de ambas partes, concluyó positivamente en abril de 2020 con la firma de sus representantes, sin embargo, tediosos tramites parlamentarios, aquí y allá, han retrasado su entrada en vigor.
En ese tratado, uno de los rubros en los que Europa insistió enérgicamente fue en la indispensable protección de sus productos con denominación de origen o indicación geográfica, que por vía del acuerdo alcanzaron un reconocimiento histórico. Nombres de quesos como Asiago, Gorgonzola, Neuchatel, Parmesano, Fontina, Feta y Gruyere, entre otros, deberán dejar de utilizarse en nuestro país en plazos diferentes, hasta dejarlos en modo de “uso exclusivo” para los productores de las zonas beneficiarias de la protección, de cada uno de sus países.
Para los europeos, las denominaciones de origen de sus quesos y vinos, y de algunos otros productos, constituyen una fuente de riqueza y fortaleza de su tradición al convertirlos en inimitables. Nuestro país, con su Tequila y recientemente con su Mezcal, ha empezado también a ser una potencia en la materia, y beneficiaria directa de los diferentes tratados internacionales que protegen denominaciones de origen. Aún así, nuestro país ha sido negligente al no ratificar el más importante instrumento moderno en materia de protección de indicaciones geográficas, conocido como Acta de Ginebra 2015.
El rumbo de colisión que es imposible no pronosticar se dará en la próxima renegociación del TMEC, bajo los muy especiales auspicios del estilo que la administración Trump impone en este tipo de ejercicios. Para nuestro vecino, el mercado de los quesos que producen sus empresas es de muchos millones de dólares, y una rendición en este tema en la negociación con México tendría un efecto simbólico, grave e inaceptable. Según la visión de Estados Unidos, los nombres de los quesos europeos no merecerían protección por ser de “uso genérico” desde hace varias décadas. Todos sabemos que, ese argumento, no puede sostenerse en una economía que ha hecho de la protección de la propiedad intelectual, uno de sus principales fundamentos.
Para México, ha llegado el momento en el que andar con dos novias ha dejado de ser opción. Aceptar las condiciones de EUA y desproteger las denominaciones de origen europeas representaría traicionar más de 60 años de respeto a estas figuras, desde que firmamos el tratado internacional que fundó la tutela de las denominaciones de origen en el mundo. En mi opinión, no hay marcha atrás.
Carta al Editor
En relación con el artículo de opinión titulado “Inminente choque de trenes con EUA por denominaciones de origen”, publicado el 5 de noviembre en su medio, consideramos necesario puntualizar que la postura expresada por la columnista resulta infortunada y refleja una falta de conocimiento del tema y una comprensión imprecisa de lo que constituye un término de uso común y su distinción respecto de las indicaciones geográficas mexicanas que legítimamente merecen protección.
El columnista parece adoptar una visión alineada con la política europea en la materia, sin advertir que dicha política no siempre responde a auténticos intereses de preservación cultural o de protección al consumidor. En muchos casos, la estrategia europea sobre indicaciones geográficas se ha convertido en una herramienta de presión política para atender los intereses de un grupo muy pequeño de productores agropecuarios dentro de la propia Unión, pese a que la participación económica de las IG representa apenas una fracción pequeñísima del sector agrícola europeo.
Es fundamental subrayar que defender el libre uso de nombres comunes —términos que durante décadas han formado parte del lenguaje comercial y gastronómico global— no se contrapone con la protección de indicaciones geográficas legítimas, como el Tequila, símbolo nacional y ejemplo de una denominación de origen que México protege con toda razón.
Confundir estos conceptos, o sugerir que cuestionar el expansionismo regulatorio colonialista europeo equivale a oponerse a la protección de productos genuinamente vinculados con su origen, constituye un error de conocimiento. No se trata de negar la importancia de las tradiciones locales, sino de evitar que, bajo ese pretexto, se vulneren los derechos de productores, artesanos y empresarios —mexicanos o extranjeros— que, de buena fe, emplean nombres que por décadas se han usado de manera genérica para describir productos de características similares, sin connotación geográfica alguna. Ejemplos de ello son los nombres “manchego”, “parmesano”, “feta” o “gruyere”.
Defender el derecho al uso de términos comunes no representa una confrontación con la propiedad intelectual mexicana. Por el contrario, es una defensa de la propia estructura equilibrada de la propiedad intelectual, que reconoce tanto las indicaciones geográficas legítimas como el carácter genérico de ciertos términos. Además, México y Estados Unidos comparten intereses comunes en esta materia, lo cual se refleja en el notable superávit agrícola que México mantiene con su vecino del norte.
Lamentablemente, el columnista parece inclinarse hacia una postura que favorece el enfoque colonialista europeo, antes que una visión orientada a defender al productor y al pequeño procesador mexicano, quienes serían los más afectados por la imposición de restricciones injustificadas sobre el uso de términos genéricos.
Limitar la utilización de tales nombres bajo el argumento de una protección geográfica excesiva no solo distorsiona el mercado, sino que restringe injustificadamente la libertad de los productores mexicanos para competir en igualdad de condiciones con sus pares europeos, además de afectar el derecho del consumidor a elegir libremente entre una variedad de productos legítimos y de calidad comparable.
Atentamente,
Jaime Castaneda
Executive Director
Consortium of Common Food Names
jcastaneda@CommonFoodNames.com
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