Algunas áreas del gobierno quieren incentivarla. Otras pareciera que su objetivo es inhibirla. La realidad muestra que no fluye como la presidencia quisiera.
Por prudencia estratégica, por incomodidad sistémica con las reglas del juego o simplemente por la falta de permisos y autorizaciones necesarias, hay mucho capital ‘on the side lines’. Muchas industrias no tienen un problema de recursos, sólo están rodeadas de limitaciones o restricciones que explican porque la inversión privada dentro de México fluye ‘a cuenta gotas’.
En su definición más simple, una inversión es el acto de destinar recursos presentes —dinero, tiempo, esfuerzo—, en un activo, proyecto o empresa con la expectativa de obtener un beneficio o rentabilidad futura. Y toda inversión se contrasta frente a su personalísimo costo de oportunidad.
Si se quiere incentivar el crecimiento de la economía, ¿qué deben tener en mente todos los liderazgos de los gobiernos? Aquí tres máximas para la reflexión:
1) Todo parte de la confianza del cumplimiento de un contrato.- Y especialmente en el largo plazo. Y es que un contrato, en el fondo, no sólo es un acuerdo de voluntades, sino debe ser —en su esencia— la garantía de que las obligaciones de las partes se materializarán en el tiempo.
Cuando se generaliza la sensación de que los gobiernos no pagan a tiempo las obligaciones contraídas, que coyotes cobran por avanzar en los compromisos más elementales de la vida de un contrato o que la justicia no sirve para rectificar incumplimientos dolosos, se hace muy difícil para los promotores de nuevos proyectos calcular los riesgos adicionales a los intrínsecos del negocio intencionado.
2) La rentabilidad debe ser un objetivo compartido.- A muchos gobernantes les cuesta mucho trabajo entender que nadie invierte dinero para perderlo. Y si los proyectos no nacen con una perspectiva de rentabilidad saludable, los inversionistas exigirán garantías adicionales para lograr una rentabilidad mínima o simplemente no participarán.
Ni queriéndolo, el gobierno federal puede ser garante verbal de todo. Debe ser garante jurídico de aquello que resulte indispensable, garante político de un entorno que respecte las inversiones legales y garante de la estabilidad macroeconómica para elevar la confianza sistémica en el país.
3) Lo que no es altísimamente rentable, el exceso de regulación lo asfixia.- Imposible perder el asombro ante la complejidad regulatoria de las más de las industrias en México. Desregular siempre es una buena idea porque reducir complejidad es acortar tiempos de ejecución y acelerar los beneficios para la economía.
Percibo que muchos gobernantes promotores de la inversión subestiman el costo de cumplimiento de las regulaciones (expresadas en permisos, licencias, autorizaciones o vistos buenos) que todo tipo de proyectos —chicos, medianos y grandes—deben sobreponer. Y más difícil si se lidia con burocracias desconocedoras, limitadas o temerosas.
Cualquiera que sea la oportunidad, los administradores del capital y sus dueños se deben sentir razonablemente cómodos en que, superados los riesgos normales del negocio, existe una buena probabilidad de que retornen su capital y lo hagan con una rentabilidad mínima que supere la alternativa de no hacerlo.
Si el gobierno mexicano quiere incentivar nuevas inversiones, no basta con haber dejado de ser rijoso con el sector privado o con darle la bienvenida desde el pódium mañanero. La administración pública debe empujarla y facilitarla en todas sus ventanillas y niveles de actuación.
Oportunidades siempre habrá para quien sepa verlas. La promoción de inversiones, sin embargo, requiere de señales congruentes, consistentes y enfocadas. Y es que, cuando se viene de un entorno desfavorable, hay cuatro palabras dificilísimas de sobreponer: “esta vez es diferente”.