“El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas; es ojo porque te ve”
Antonio Machado
Hace un par de semanas se dio a conocer la noticia sobre la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California de 1989 a 1995. Qué momento tan curioso para someter a la justicia a un político, que ahora forma parte del Consejo Consultivo de Somos México, uno de los dos nuevos partidos políticos de nuestro país.
Tras su aprisionamiento, la FGR afirmó una investigación exhaustiva, de alta complejidad, la cual desembocó en prisión preventiva y en 25 órdenes de aprehensión más contra la red que, de acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy, introducía combustible desde Texas y declaraba apenas 10% del volumen real. Y, aunque es posible que tengan las pruebas ante estas acusaciones, es evidente que se ha actuado de forma distinta contra gobernadores y políticos de la 4T señalados por crímenes similares y vínculos con el crimen organizado.
Por supuesto se esperaba una reacción de la oposición. Acosta Naranjo, presidente de Somos México, exigió su liberación inmediata y calificó el caso de atropello. Por su parte, políticos del PAN, entre ellos su dirigente nacional, hablaron de cacería de brujas y de un aparato judicial que actúa contra las personas incómodas para el oficialismo. Ahora, si Ruffo es culpable o no, lo determinará en su momento un juez; de ahí que la pregunta que interesa es ¿ante los ojos de quién ocurre este despliegue de la FGR?
Encarcelar a un exgobernador – aunque sea de actual oposición – podría alimentar la percepción de que en México existe una justicia dispuesta a perseguir a políticos vinculados con el crimen organizado. La pregunta abierta es ¿a quién se dirige esa percepción?
¿Se dirige a los políticos incómodos, para sembrar miedo y obligarlos a moverse con más cautela? Leído así, el caso de Ruffo funciona como advertencia: quien se convierta en molestia para el oficialismo tiene la certeza de que puede activarse la maquinaria judicial en su contra.
¿Se dirige al electorado mexicano, de cara a la elección del próximo año, en la que se disputarán 17 gubernaturas, entre ellas Baja California? Analistas como Arturo Espinosa Silis, del Laboratorio Electoral, y Xóchitl Pimienta Franco, del Tecnológico de Monterrey, leen el caso como contragolpe, pues la captura llegó días después de que se filtraran audios de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en los que ofrecía colaboración con autoridades estadounidenses. Se da, además, en medio de señalamientos activos contra Rubén Rocha Moya en Sinaloa, Alfonso Durazo en Sonora y Américo Villarreal en Tamaulipas, ninguno de ellos preso ni procesado en México. Bajo esta hipótesis, Ruffo sería la cortina de humo que desplaza la conversación pública.
¿O se dirige a Washington? Justo después de la visita de la presidenta a la final del mundial en Nueva York, el jefe de la DEA, Terry Cole, advirtió que tras la sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada la agencia iría contra “narcos o funcionarios corruptos” del gobierno mexicano. Ya sea que Ruffo forme o no parte de esta lista, su aprisionamiento se da en un momento en que Estados Unidos ha señalado a gobernadores morenistas en funciones y ninguno de ellos ha pisado una celda mexicana. Encarcelar a un exgobernador podría leerse, entonces, como una forma de mostrarle a Washington que el aparato de justicia mexicano sí opera.
Aunque dicha pregunta - ¿ante los ojos de quién ocurre este despliegue de la FGR? – siga sin respuesta, lo que es verdaderamente notable es
Aunque la pregunta ¿ante los ojos de quién ocurre este despliegue de la FGR? siga sin respuesta, como el ojo de Machado, este acto de justicia sucede porque alguien – un político incómodo, un votante, un funcionario en Washington – se sabe observado por él.