Este domingo estará en juego el futuro de Brasil, la economía más grande de América Latina, cuando 158 millones de brasileños acudan a las urnas para elegir presidente, gobernadores y legisladores. La población está polarizada y las encuestas arrojan un empate técnico para un eventual balotaje entre el izquierdista y actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair, preso por intento de golpismo. De triunfar el candidato ultraconservador, se afianzará la ola reaccionaria que ensombrece Latinoamérica, con todos los retrocesos que ello implica.
Además de los gobiernos conservadores instaurados recientemente en países como Perú, Bolivia, Costa Rica, Honduras y Ecuador, las tres naciones más importantes de Sudamérica después de Brasil: Argentina, Colombia y Chile, tienen ya gobiernos ultraderechistas, alineados todos a los intereses de Donald Trump y su intención de hacer del hemisferio un bloque afín a su radicalismo de derecha. Si triunfa el bolsonarismo se cerraría la pinza, quedando sólo México –y quizá Guatemala– fuera de su afán hegemónico (Venezuela con la títere Delcy ya no cuenta, y Cuba y Nicaragua son caso aparte).
Las propuestas del senador Bolsonaro son diáfanas dentro de la derecha radical. En materia de seguridad, su plan “Brasil sin miedo” es de un fiel populismo punitivo, incluye la promesa de edificar cinco cárceles de máxima seguridad “del modelo adoptado por El Salvador”, es decir, al estilo Bukele, con total desprecio por los derechos humanos.
Contempla reducir de 18 a 16 años la edad penal, aunque en caso de delitos graves, responderían como adultos a partir de 14 años. Y no podía faltar, para ir en consonancia con Trump, designar como “organizaciones narcoterroristas” a bandas criminales, además de otras propuestas polémicas como la castración química, sellar las fronteras para evitar la entrada de drogas y un sistema de vigilancia masiva a través de reconocimiento facial.
Bolsonaro –faltaba más– defiende el uso de la fuerza letal por parte de las policías, autorizando el abatimiento inmediato de sospechosos que porten armas de fuego, al estilo del colombiano Abelardo de la Espriella, que hasta presume videos posando junto a cadáveres de presuntos delincuentes “dados de baja”.
Flávio, sin un capital político propio, no tiene un historial limpio. En 2019 fue imputado por el Ministerio Público de Río de Janeiro de liderar un esquema de desvíos en un caso llamado “rachadinha” (rajita, en español), o lo que en México se conoce como “moche”, exigido a exempleados (presuntamente ‘fantasma’) de su antiguo gabinete de la Asamblea Legislativa estatal. Siempre negó las acusaciones y en 2021 el caso fue desestimado por fallas procesales. Ahora, en plena campaña, la Policía Federal tiene abierta una investigación por presunta corrupción y lavado, vinculados al financiamiento de la película biográfica de su padre, Dark Horse. Se indagan transferencias millonarias del exbanquero Daniel Vorcaro, preso por el escandaloso fraude del Banco Master.
Quien busca impedir la vuelta del bolsonarismo es, otra vez, Lula da Silva, quien a sus 84 años disputa su séptima elección presidencial en busca de un cuarto mandato.
El exlíder obrero termina su tercera gestión con cifras económicas que presume en campaña: desempleo en mínimos históricos y millones de personas que salieron de la pobreza. Brasil volvió a quedar fuera del Mapa del Hambre de la ONU, se elevó el salario mínimo por encima de la inflación y se exentó del impuesto sobre la renta a quienes ganan 960 dólares mensuales.
Pero Lula enfrenta desgaste, una creciente preocupación por la criminalidad y acusaciones de presunta corrupción contra su hijo, Lulinha. Además, arrastra la sombra de su propio historial, pues pasó 580 días en prisión acusado de corrupción y lavado (operación Lava Jato), aunque siempre se dijo inocente y en 2021 el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas por defectos procesales.
América Latina ha virado como péndulo entre gobiernos de izquierda y de derecha. Ese no es el problema. Lo peligroso hoy es el radicalismo, eso que se vende como “ultralibertario” y que no es más que un extremismo de derecha que atenta contra las democracias.
Los resultados de esa política están a la vista. Para no ir más lejos, está el caso de su vecino, Argentina, donde los datos hablan por sí mismos en el gobierno del “ultralibertario” Javier Milei, ese que reprime las protestas de jubilados.
Uno de cada tres argentinos (32.3%) vive en situación de pobreza, según la estimación semestral del Instituto Nacional de Estadística y Censos, publicada el 24 de septiembre. Se trata de un aumento del 4.1% respecto de la última medición, un crecimiento derivado, en parte, por el encarecimiento de la canasta básica en 21.4%. Esas son las consecuencias de la “motosierra” de Milei, con la que cercenó, más que adelgazar, el Estado.
Un gobierno ultraderechista que, por lo demás, apela a una “memoria completa”, que niega la represión sistemática durante la última dictadura militar, pese a que así lo reconoció en 1985 el tribunal en el histórico Juicio a las Juntas.
Así son los gobiernos de ultraderecha, buscan borrar la memoria histórica. Y por más que Flávio Bolsonaro pretenda hacerse pasar por moderado, ese es el riesgo al que se enfrenta este domingo Brasil… y Latinoamérica.