El financiamiento público partidario está sujeto a reglas claramente establecidas en la Constitución y en las leyes electorales que nos rigen. Entre otras, la relativa a la prevalencia de recursos públicos por encima de los privados; se calcula con una fórmula legal que los blinda, son aprobados por los diputados y se asignan en ministraciones mensuales a través del INE que no puede modificar sus montos, pero que está obligado a fiscalizar su ejercicio.
Durante 2022, los partidos en su conjunto recibirán un monto de 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos, que corresponden al financiamiento para sus actividades ordinarias, específicas y sus franquicias postales y telegráficas. Las cantidades que reciben y la forma de su ejercicio ha generado intensos debates, sobre todo, ante la interpretación jurídica de la autoridad consistente en que los partidos no pueden regresar recursos una vez que son depositados en sus cuentas, dado que ya forman parte de su patrimonio y solo pueden aplicarlos en las tareas que la ley les asigna.
El 8 de noviembre de 2021, Morena solicitó al INE que le indicara en qué cuenta podría depositar alrededor de 200 millones de pesos, con la finalidad de reintegrarlos a la Tesorería de la Federación para la compra de vacunas contra el COVID-19, recibiendo respuesta negativa, dado que la autoridad ha considerado que solo es posible que los partidos renuncien a una parte de su financiamiento, siempre y cuando soliciten su retención antes de que les sea ministrado y sin que el organismo electoral pueda determinar en qué se utilizarían los recursos retenidos.
En respuesta a este diferendo, la Cámara de Diputados, con 327 votos de los grupos parlamentarios de Morena, PT, PVEM y PRI, aprobó reformas a los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos para establecer, como derecho de los institutos políticos, renunciar parcialmente a su financiamiento público y, en su caso, devolverlo en cualquier tiempo a la Tesorería de la Federación, a efecto de destinar los recursos a la atención de catástrofes provocadas por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. La iniciativa morenista fue aprobada fast track y remitida a la Cámara de Senadores.
Siendo coincidente con la posibilidad de establecer un mecanismo expedito para que los partidos apoyen contingencias con recursos de su financiamiento, creo que debe haber especial cuidado con los ajustes normativos que se elijan, a efecto de no generar mecanismos que permitan simulaciones o un uso propagandístico del tema en momentos de campañas o de veda electoral, para favorecer al partido que haga devoluciones y busque aceptación de los electores a sus propuestas y candidaturas por ese medio.
También debe evitarse fragmentar los temas de la posible reforma electoral, impulsando ajustes que no estén armonizados con las bases constitucionales y con las leyes electorales, distorsionando el conjunto normativo que regula a los partidos, sobre todo, en la parte relativa al financiamiento público, actividades y fines en que pueden ejercerlos. El sistema de fiscalización igual podría sufrir grietas importantes.
Por su complejidad, la reforma electoral debe incluir una revisión integral de los impactos que impliquen los temas que se aborden en los ámbitos federal y local. Si se quiere ahorrar para destinar recursos a problemas como los planteados lo más saludable es disminuir racionalmente el monto del financiamiento público y no dejar rutas alternas que podrían provocar alteraciones graves al modelo. Así de simple.