Estamos a dos días del inicio de los procesos electorales concurrentes que el 6 de junio de 2027 permitirán la renovación de las diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 Congresos locales y los ayuntamientos de 30 entidades federativas. Testificaremos la continuación de contiendas inequitativas si consideramos que las candidaturas del oficialismo llevan más de tres meses en actividades proselitistas sin límite alguno y sin fiscalización de la cantidad y origen de los recursos utilizados.
En paralelo, el INE está emitiendo un paquete de lineamientos que regularán actividades medulares de la logística electoral. Algunas de ellas han generado intensos debates porque la regulación aprobada por la mayoría de consejeras y consejeros electorales ha flexibilizado las propuestas originalmente presentadas por las áreas técnicas. Un ejemplo reciente está en la definición del mecanismo que los consejos distritales deberían seguir en caso de que en las urnas aparezcan las llamadas boletas planchadas, es decir, boletas que tienen marcas en favor de alguna opción política, pero que no tienen signos de doblez.
Así aparezca solo una boleta planchada es signo inequívoco de prácticas fraudulentas que fueron una constante hasta las elecciones de 1988 y que lamentablemente, aunque en menor medida, resurgieron en las elecciones de 2024 y, en mayor medida, a decir de uno de los consejeros electorales, se presentaron en las elecciones judiciales de 2025. Dato importante: por sus dimensiones, 20 cm por 28 cm, la boleta no cabe sin doblar en la urna, cuya ranura es de 12 cm de largo por 3 mm de ancho, sin doblar es imposible meter la boleta en la urna. Así que una boleta planchada debe registrarse, sin dudarlo, como un voto nulo.
Otro debate está en la negativa de la mayoría de consejeros y consejeras para realizar un cruce de la relación de observadores electorales con la lista de servidores de la nación en activo. No olvidemos dos cosas: la observación electoral fue una de las respuestas de la ciudadanía a las irregularidades de las elecciones de 1988 y surgió como un derecho ciudadano que se ejerce para vigilar todas las actividades del proceso electoral, contribuir a la legitimidad de las elecciones en un auténtico ejercicio de transparencia impulsado por la ciudadanía que no desea participar en la representación de partidos en las casillas. La segunda: durante las elecciones judiciales la figura de observadores fue asaltada por el oficialismo que, por esa vía, registró una parte de sus operadores políticos para inducir el voto a través de los acordeones y cumplir con el pase de lista de votantes. En vez de autorizar el cruce con la base de datos de los llamados servidores de la nación, el voto mayoritario en el INE impone que se presente solo una carta de buenos deseos en la que se diga que la persona no es servidor de la nación.
Creo que la autoridad no debería titubear al establecer medidas para el buen desarrollo de las actividades del proceso electoral, no deben dejarse zonas de duda o rendijas por las que pudieran colarse las prácticas indebidas, deben cerrarse tajantemente todas las vías para el fraude electoral. En 2027 México se juega el futuro de su democracia y las autoridades electorales su credibilidad y su debilitada legitimidad. INE y Tribunal deben cumplir el papel de árbitros que les corresponde y no seguir mirando hacia otro lado, como ya lo hicieron con las precampañas adelantadas.