El 20 de diciembre de 2019 se publicó la adición al artículo 35 constitucional para establecer como un derecho de las y los ciudadanos mexicanos la revocación de mandato del presidente de la República. Se trata de una modalidad de democracia directa que simultáneamente implica un derecho y la obligación de las autoridades electorales para, en su caso, ponerlo en marcha conforme a los estándares de calidad que caracteriza a la organización de los procesos electorales.
Si bien las disposiciones transitorias de la reforma constitucional señalan que el Congreso debió emitir la ley secundaria en un lapso de seis meses, es un hecho que más de 600 días después no se dispone de esa normativa para regular lo que podría ser el primer ejercicio de revocación de mandato, pese a que Morena, teniendo las bancadas parlamentarias mayoritarias, intentó que la Comisión Permanente convocara al Congreso a un periodo extraordinario de sesiones para aprobarla sin tener éxito.
Como bases genéricas, la Constitución dispone que la revocación se podrá solicitar en una sola ocasión durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, a petición de, al menos, el 3.0 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal que vivan en, al menos, 17 entidades federativas en las que igualmente signifiquen, por lo menos, el 3.0 por ciento del listado nominal de cada una de ellas. Y para que el ejercicio sea válido debe registrarse la participación de por lo menos el 40 por ciento de los inscritos en los listados nominales.
Sin la legislación secundaria se generaron nuevas tensiones entre la autoridad electoral, Morena y el gobierno. Con apenas cinco meses para planear y ejecutar todo, el INE emitió lineamientos específicos que pretenden subsanar el vacío legislativo dando el sustento jurídico respectivo, definir el procedimiento logístico que habrá de seguirse, establecer las reglas a las que el ejercicio podría sujetarse, dado que los plazos se están venciendo y diversas actividades deben iniciar ya, además de precisar qué rol cumplirán actores y ciudadanos en plazos específicos.
Entre los aspectos que destacan, la autoridad plantea instalar poco más de 161 mil mesas directivas de casillas, contratar 5 mil 430 supervisoras y supervisores electorales y 32 mil 421 capacitadoras-asistentes electorales, seleccionar a casi medio millón de funcionarios de mesas de casilla, implementar el voto migrante por internet, realizar un conteo rápido y los cómputos después de la jornada de votación. El quid estará, sin duda, en la negociación que el INE tendrá que pasar con la fracción parlamentaria de Morena para lograr la aprobación de su proyecto de presupuesto para el ejercicio 2022, que incluye una partida por 3 mil 830 millones 448 mil 91 pesos, ni más ni menos.
Quedan tramos pendientes, un ejemplo está en el mandato reciente del Tribunal para que el Poder Legislativo, durante el mes de septiembre, instalada la nueva legislatura, apruebe la ley secundaria. De concretarse, el INE tendría que ajustar sus lineamientos, previos episodios de confronta con Morena, que ya expresó sus desacuerdos por su emisión. Veremos qué pasa.
Podemos coincidir en que este ejercicio democrático es necesario para fortalecer la intervención de la ciudadanía en la rendición de cuentas del servidor público más relevante del país. Teóricamente será a través de la revocación del mandato como la ciudadanía se organizará para activar la maquinaria institucional, expresándose por la separación anticipada o por la ratificación en el mismo. Es claro que el partido mayoritario y el gobierno urgen del ejercicio para saber si el presidente, conforme a sus cálculos, conserva un amplio respaldo popular para las acciones de la segunda parte de su mandato y, especialmente, para la conducción de la sucesión.
¿Será que veremos una participación ciudadana auténtica o un ejercicio con la indebida intervención que se observó en la consulta popular del pasado 1 de agosto?