Sé que estas líneas lo encontrarán a usted pensando en otros temas que ocupan la agenda nacional prácticamente de lleno; de hecho, ya desde la lectura del encabezado seguramente estará preguntándose cómo es que no estoy comentando acerca de la validez de la consulta de revocación de mandato, si debemos o no ir a votar, las consecuencias jurídicas y políticas de esta nueva cortina de humo con la que ahora ha enajenado nuestra atención el Ejecutivo. Pero no es así, se ha escrito mucho al respecto y definitivamente a estas alturas ya usted debe tener una postura e incluso ya debe saber si asistirá o no a emitir su voto.
Prefiero ocupar este espacio para mantener en su radar ciudadano uno de los muchos temas que han quedado en suspenso ante el eclipse político y mediático que representa la consulta pública que deberá resolverse este próximo 10 de abril y que pienso que deberá retomarse en algún sentido con posterioridad a esa fecha. Se trata de la vacunación contra la COVID19 en el grupo etario de niños menores entre los 5 y los 11 años.
Sé que le puede resultar aburrido que a estas alturas le sigan mencionando temas relacionados con la pandemia, sobre todo cuando en el imaginario colectivo ya nos encontramos en una franca disminución de los casos de hospitalización y muerte, e incluso ya hay quienes han abandonado las medidas de seguridad sanitaria o están pensando oficialmente en eliminarlas, como el uso de cubrebocas, aun cuando apenas hace dos días la Secretaría de Salud federal anunciaba en su informe técnico del COVID-19, que fueron detectados cuatro mil 223 nuevos contagios y 83 decesos en esa fecha, lo que representa la cifra más alta de las últimas semanas.
De acuerdo con cifras de la organización Save the Children, desde el comienzo de la pandemia hasta el 16 de enero de 2022, en México se han registrado casi 87 mil casos confirmados de COVID-19 entre niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años; casi la mitad de ellos han ocurrido en menores de 12 años y hasta ese momento, el número de muertes registradas ascendía a 826 (hoy en día son más de mil 200 casos) concentrándose entre los cero y cinco años, seguidos de adolescentes de 12 a 17 años. El 22.52 por ciento (186) de las muertes totales no estaban asociadas a ninguna comorbilidad.
Como lo hemos comentado ya en otro momento, el volumen de defunciones infantiles en comparación con otros grupos etarios de mayor riesgo nos advierte la razón, justificada o no, de las prioridades determinadas por el Ejecutivo en el Plan Nacional de Vacunación; ello aunado al hecho de que no fue hasta hace algunos meses que se emitió el pronunciamiento formal del Comité Asesor de Expertos de la OMS, para aplicar las vacunas autorizadas a menores de cinco a 11 años, además del proceso de autorización de la vacuna, que debió gestionarse ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y que ahora sabemos que fue otorgado en marzo, aunque inexplicablemente fue dado a conocer, verdaderamente de manera necesaria, casi forzosa por dicha autoridad, hasta la semana pasada.
Todo ello nos da un indicio de la demora en la vacunación de estos grupos, me refiero a infantes de cinco a 11 años en general y niños menores de 12 a 17 años sin comorbilidades. Sin embargo, sorteados todos estos aspectos, incluso las trabas administrativas de la autorización de los biológicos, no se entiende la omisión del gobierno federal en dicha determinación, incluso si el problema fuera presupuestario o de existencia de los biológicos necesarios para hacer frente a esta demanda, sería más razonable anunciar la intención de su inoculación, indicando el inicio de las gestiones para la adquisición de las vacunas correspondientes, que el silencio y la incertidumbre, con la consecuente percepción de miles de padres de familia de que sus hijos se encuentran en un riesgo constante, menoscabando su derecho a una vida sana, a gozar de las medidas sanitarias necesarias, incluso aquellas de carácter preventivo, que les permita mitigar el riesgo que representa ser contagiado y padecer COVID-19, respetando así el interés superior del menor, que está protegido a nivel constitucional.
Ante todo esto usted podrá decir junto con nuestras autoridades sanitarias, que el riesgo es menor, que el volumen de defunciones en comparación con los otros grupos etarios no representa el costo beneficio o que existen otras prioridades. Al respecto, le invito a reflexionar desde la perspectiva eminentemente humana, repase en su mente muy despacio la cifra de más de mil 200 muertes de niños y niñas menores de edad, más de mil 200 sueños rotos y familias profundamente lastimadas, porque no se trata de algo que hayan decidido voluntariamente los tutores de estos menores, se trata de una omisión del Estado mexicano, de quien se encuentra obligado a garantizar nuestros derechos, los derechos de todos, incluidos con mayor razón los menores de edad, que son nuestro futuro mismo.
Si usted sigue pensando que no es necesario vacunar a los menores de edad contra la COVID-19, le pido que haga una última reflexión: ¿qué pasaría si su hijo, su nieto, su sobrino, ahijado o familiar más cercano en ese rango de edad fuera parte de esta estadística?, ¿cómo se sentiría?, ¿qué pensaría?, ¿pensaría igual?
