México se encuentra en el segundo semestre de 2026 en un momento especialmente delicado. Durante décadas ha registrado un crecimiento económico reducido, insuficiente para elevar sostenidamente la productividad, disminuir las desigualdades y generar mejores oportunidades. Esta debilidad se ha acentuado en los últimos años por la menor inversión, la inseguridad, la incertidumbre jurídica, las limitaciones de energía, agua e infraestructura y el debilitamiento de las capacidades institucionales. Aunque la economía se reactivó en el segundo trimestre de 2026, después de contraerse en el primero, el crecimiento acumulado durante la primera mitad del año fue de apenas 1.2% y persisten riesgos importantes a la baja.
En este contexto, recientemente se publicó un análisis coordinado por la reconocida economista ítalo-estadounidense Mariana Mazzucato, especializada en innovación, política industrial y creación de valor público. Se tituló: “Transformación del Estado para el Plan México: un enfoque orientado por misiones para alcanzar una prosperidad compartida”, y ha generado mucho debate entre economistas y analistas en México. El diagnóstico de Mazzucato es correcto: México se convirtió en una potencia manufacturera y exportadora, pero no logró traducir plenamente ese desempeño en crecimiento, productividad, innovación y prosperidad compartida. Una parte importante del diseño, la tecnología, las patentes y los componentes de mayor valor continúa generándose fuera del país. México exporta más, pero no desarrolla conocimiento, empresas y capacidades nacionales en la misma proporción.
El entorno internacional ofrece una oportunidad relevante. La competencia entre Estados Unidos y China, la reorganización de las cadenas productivas y la revisión del T-MEC están modificando las decisiones de inversión. Por su integración con América del Norte y su base manufacturera, México puede atraer capital, desarrollar proveedores e incrementar el valor agregado nacional. El Plan México reconoce correctamente esta oportunidad y propone aumentar la inversión, fortalecer la producción nacional, elevar el contenido mexicano y desarrollar sectores estratégicos.
El problema no está en la orientación del Plan México, sino en su ejecución. Diversas iniciativas no han podido desplegarse por la falta de energía, agua, infraestructura, financiamiento, permisos, y condiciones adecuadas para invertir. La inseguridad, la extorsión, la impunidad y la incertidumbre jurídica elevan los costos y desalientan proyectos. Las inversiones de largo plazo requieren reglas estables, reguladores técnicos, respeto a los contratos y mecanismos imparciales de solución de controversias. La política industrial no sustituye al Estado de derecho, depende de él.
Mazzucato propone organizar el Plan México alrededor de “misiones”, como la seguridad hídrica, la salud, la soberanía energética y alimentaria y el fortalecimiento de las capacidades productivas. Cada misión debería articular inversión, financiamiento, regulación, compras públicas, innovación, infraestructura y talento. El enfoque propone mecanismos de coordinación y plantea que los apoyos públicos y el uso de recursos deben generar resultados verificables en inversión, empleo, transferencia tecnológica y desarrollo de proveedores.
La principal interrogante es si México cuenta con las capacidades institucionales para ejecutar esta estrategia. El modelo requiere un Estado profesional, coordinado, técnicamente competente, transparente y capaz de aprender. Sin embargo, persisten estructuras fragmentadas, presupuestos poco vinculados con la estrategia, uso de recursos con fines políticos, pérdida de capacidades técnicas y mecanismos insuficientes para evaluar resultados con transparencia y objetividad y corregir proyectos. México no carece de planes, o programas, carece de un modelo institucional de ejecución y gestión estratégica que conecte prioridades, responsables, presupuestos, iniciativas, indicadores y decisiones correctivas con un enfoque en resultados reales de desarrollo.
La transformación productiva tampoco puede ser ejecutada exclusivamente por el gobierno.
La oportunidad que enfrenta México es relevante, pero limitada en el tiempo. Sin mayor capacidad institucional, disciplina fiscal, certeza jurídica y coordinación efectiva entre gobierno, empresas, trabajadores y academia, el país podría prolongar su bajo crecimiento y desaprovechar nuevamente una coyuntura histórica para fortalecer su desarrollo.
