Los impuestos se imponen. La autoridad tiene que extraer recursos de la sociedad, y sufragar los gastos públicos, como dice la Constitución de México.
Últimamente, hay a discusión cambios legislativos para que los municipios cobren más predial. Aquí, produzco algunas notas que me preocupan de esta propuesta. No hay una reforma fiscal amplia que revise los diversos gravámenes y regímenes de ingresos, y que a la vez revise el gasto público.
Esa discusión no se da, porque nadie gana nada políticamente con ella. Es un diálogo de sordos, o un monólogo de gritos. La autoridad no puede echarse para atrás en ciertos impuestos donde ya tiene eficiencias en el cobro. La sociedad se resiste a los cambios que obligan a pagar más.
Hace años, el Dr. Luis de la Calle publicó un artículo muy bueno en la Revista de Economía de la UNAM: “Por el bienestar de todos, primero el predial”. En él, Luis explica cosas útiles que ya habían dicho economistas como Ricardo y Pigou. La oferta inmobiliaria es inelástica a los precios, por lo cual, al subir impuestos a ese tipo de bienes, no hay pérdidas de bienestar social, ya que la cantidad intercambiada prácticamente no cambia, a pesar del incremento de los precios y la reducción de la demanda. Evadir predial es difícil. Como han manifestado muchos defensores de los actuales cambios legislativos, es importante fortalecer el rubro municipal en ingresos, para que los servicios públicos mejoren.
En principio, también es posible que la medida mejore la eficiencia recaudatoria a partir de los bienes raíces. La mayoría de los arrendamientos de vivienda no pagan ISR. El SAT no tiene la capacidad de supervisión en el territorio que sí tienen los municipios. Llevar esa recaudación al ámbito municipal tiene sentido.
Mi preocupación con este tema tiene que ver con la carga fiscal del contribuyente cautivo. A partir de algunos informes de recaudación de la OCDE, el FMI y el CEFP, algunos economistas y analistas tratan de convencernos de que tenemos gobiernos famélicos que no tienen ingresos, y por ello no pueden dar buenos servicios públicos. En medio de una crisis de seguridad en la mayoría de las ciudades, una ola de homicidios y desaparecidos, fenómenos como la ínfima calidad del agua en Guadalajara, o el envejecimiento de la infraestructura en la Ciudad de México; ante las noticias de corrupción sin descanso, provenientes de funcionarios de todos los partidos políticos; uno no deja de preguntarse si realmente el sector público no está extrayendo suficientes recursos de la sociedad.
El PEF prevé un gasto en 2026, equivalente a 10 billones ciento noventa y tres mil seiscientos ochenta y tres millones setecientos mil pesos ($10,193,683,700,000). El PIB nominal (estimación propia, pensando 1.5 por ciento de crecimiento real y 3.5 por ciento de inflación) llegará en el 4º trimestre de 2026 a 38.126 billones de pesos. El gasto federal equivaldrá, entonces, al 26.7 por ciento del PIB este año. Hay transferencias de la Federación a Estados y municipios, pero sabemos que los primeros recaudan alrededor de 4 puntos del PIB, y los segundos 1.5. La huella fiscal del Estado, en sus tres niveles, ronda 32.2 por ciento del PIB. Claro, el ingreso fiscal del gobierno general es apenas 18.3 por ciento del PIB en las tablas de la OCDE (2024). Eso revela que el SAT, las tesorerías estatales y municipales no recaudan todo el gasto público.
Esto no es nuevo. El gasto público ha crecido más que la economía en México en los últimos 20 años, al menos. La diferencia entre lo recaudado y lo gastado lo cubren con inflación, deuda y reducción en fondos patrimoniales, incluyendo los de pensiones. Esto, al final, lo paga la ciudadanía. Los déficits se pagan en algunos años, con intereses; o se acumulan como deuda, lo cual reduce la capacidad del Estado para mejorar la calidad del gasto.
La cifra de recaudación general dice poco sobre la capacidad exactora del Estado. El gasto público sí lo hace. Los contribuyentes cautivos, muchos que tienen propiedades o pagan ISR, ya tienen una carga fiscal de entre 50 y 60 por ciento del ingreso.
Si queremos que la economía crezca, gravar más es mala estrategia. Para subir el predial, la Federación tendría que reducir los impuestos sobre la renta de asalariados, que es un costo para las empresas, y un obstáculo para crear empleos formales. Sugiero otras medidas, como un techo de deuda y gasto nacionales. Para crecer y subir el predial, la Federación tendrá que reducir sus egresos.