Disfrute este fin de semana. Ya sé que el domingo inicia el horario de verano, y le robarán una hora, que recuperará hasta octubre, pero no se fije en eso.
El lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá si las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica son o no constitucionales. La ministra que plantea el proyecto es Loretta Ortiz Ahlf, que era diputada del PT cuando se llevó a cabo la reforma original, en 2013, en la LXII Legislatura. Por esa razón, muchos legisladores de oposición han pedido que se excuse de participar en esta discusión en la Corte, pero eso no parece que vaya a ocurrir. Menos, si ella es quien plantea el proyecto.
Debido a una especie de ‘cláusula de gobernabilidad’, se requiere una mayoría calificada en la SCJN para calificar una decisión legislativa de inconstitucional, de forma que son necesarios ocho de los 11 votos para que las reformas se impidan. Visto al revés, si tres ministros respaldan el proyecto que Loretta Ortiz presentará, una ley claramente inconstitucional será aceptada.
La duda acerca de la constitucionalidad de las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica no existe. Es claro que esa reforma, como el decreto previo de la Sener, van en contra de la Carta Magna. Es por eso que el Presidente envió una reforma constitucional, que no puede impulsar porque ya no cuenta con la mayoría calificada en Diputados. En otras palabras, lo que hace Loretta Ortiz es una chicanada jurídica, una torcedura de la ley en beneficio de su grupo político.
Pero tal vez consiga los tres votos faltantes: los de los otros dos ministros nombrados por López Obrador y el del presidente de la Corte, que ya conoce usted. Si es así, tendremos leyes francamente contrarias a la Constitución, pero validadas por la Corte. Amparos y suspensiones perderán sustento, y tendremos serios problemas internacionales. Las empresas que han invertido en energía apelarán a los acuerdos comerciales y a los convenios de arbitraje, y les tendremos que pagar cantidades considerables como compensación por haber cambiado las reglas conforme a las cuales invirtieron.
Independientemente de este evento, la semana estará marcada por la necedad de la revocación de mandato, que ocurrirá el siguiente domingo, 10 de abril. Sabremos entonces si la maquinaria de Morena, financiada con recursos públicos, logra movilizar a los 10 millones que supuestamente firmaron para pedir la consulta, a los 15 que votaron por ese partido hace nueve meses, a los 30 que votaron por AMLO hace tres años, o a los 37 millones necesarios para hacer vinculante el resultado. Mientras menos votos, mayor será el enojo presidencial.
Al día siguiente, se presionará por el voto en Diputados de la reforma eléctrica, tal vez para entonces innecesaria, pero además por la reforma electoral, una nueva ocurrencia de López Obrador, en la que ya nadie importa mas que él y ‘el pueblo’: consejeros decididos por voto popular, menos diputados, ninguna institucionalidad. Si lo quiere en menos palabras, es el regreso a la Comisión Federal Electoral del régimen de la Revolución. Hasta pueden nombrar a Bartlett nuevamente, él ya sabe de eso. Curioso que tanto el tema eléctrico como el electoral nos refieran a este magnate inmobiliario.
Me parece que en abril estaremos presenciando la disolución final de la presidencia de López Obrador. Dos años después de que aquí le dijimos que no podría hacer ya nada, ahora será evidente para todos, incluso para él. Sus dificultades para controlarse harán más intenso el proceso.
Es muy difícil estimar la magnitud del daño que provocará en ello, y serán 20 meses de angustia. No sé qué esperaban, pero fue un fracaso monumental.