Fuera de la Caja

Sin defensa

Lo que se quiere es convertir a la CFE (que sería un organismo autónomo) en un monopolio en transmisión y comercialización, y monopsonio en generación de electricidad.

El Presidente ha enviado una reforma constitucional en materia energética al Congreso. Va en la misma línea de lo que se ha hecho desde el inicio del sexenio: revocar la reforma de 2013 y, de ser posible, regresar el marco institucional incluso al previo al creado en la negociación del NAFTA (1992). Ya conoce usted los detalles: garantizar al menos 54 por ciento del mercado a CFE, incorporarle Cenace, eliminar órganos reguladores, y con ello convertir a esta empresa (que sería un organismo autónomo) en un monopolio en transmisión y comercialización, y monopsonio en generación.

De ser aprobada esta reforma, será imposible cubrir los incrementos de demanda esperables en el futuro cercano. Incluso es posible que se perdiera parte de la generación actual, puesto que un cambio institucional como el mencionado es, en los hechos, una expropiación, que podría tener como respuesta cierres de plantas. La acción es recurrible ante el TMEC y los acuerdos de defensa de inversión que tenemos. Las estimaciones que he visto del costo de las indemnizaciones van de 60 a 120 mil millones de dólares. Es decir, en materia económica el resultado de la reforma será menos abasto de electricidad, a mayor costo, y una deuda nueva equivalente a la que Pemex ha acumulado en su historia. Que no puede pagar, por cierto.

Si el resultado es atroz, cabe preguntarse por qué se intenta. Como es costumbre, los defensores del Presidente regresan al estribillo de la ‘soberanía nacional’. No contar con electricidad e incrementar las deudas del país en 10 puntos del PIB no parece soberano, pero ya sabe usted que con estos personajes no se trata de argumentar.

Una pregunta adicional es por qué esta reforma no se presentó desde 2019, cuando el Presidente tenía mayoría calificada en Cámara de Diputados, sumando a todos sus aliados. En lugar de eso iniciaron por decretos, que luego fueron detenidos en la Corte; siguieron, a inicios de año, con una reforma legal que hubiese sido también detenida. Intentar ahora esta transformación es absurdo. Puede ser que el Presidente busque con esto afianzar entre sus seguidores el mito de la soberanía, el enfrentamiento con los poderosos, y mantener su imagen de víctima. Si el Congreso le rechaza la reforma, fortalecerá su “ratificación” en marzo.

Algunas personas sugieren que, más bien, lo que busca es que la reforma sí sea aprobada, con el apoyo del PRI, que es el único partido de oposición que no ha anunciado su rechazo de entrada, sino foros de discusión para analizarla. Acerca de la oposición platicaremos el miércoles, pero recuerde que aprobar la reforma incluye costos económicos muy elevados, e implicaría el derrumbe definitivo del PRI.

Esta columna mantiene la interpretación: López Obrador no tiene visión estratégica. Promueve una reforma que, si es aprobada, implica una crisis económica antes del fin del sexenio. Y si no lo es, aunque ayuda a reforzar su imagen de víctima, no sólo consolida a sus seguidores, sino también a sus opositores. Y no me refiero con ello sólo a los partidos políticos, sino a la clase media, inversionistas, medios internacionales, financieros, etcétera.

Sin importar la aprobación o no de la reforma, su presentación anuncia que México no será un buen lugar para invertir mientras López Obrador, o alguno de sus amigos, esté en el poder. No hay garantía alguna de que las leyes se cumplan y no habrá abasto suficiente de energía. No hay nada que compense esos dos riesgos. Es decir, López Obrador enterró ya cualquier margen de maniobra que quedase a su administración. Si hace esto por mantenerse como víctima, o por fanatismo ideológico, no importa.

Atribuyen la frase a Goethe: “Contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano”.

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