¿Para qué los odios funestos de los ingratos?
¿Para qué los lívidos gestos de los Pilatos?
Rubén Darío
A Carmen Moreno Toscano
El 19 de julio de 1979, Nicaragua celebró el derrumbe de una dictadura dinástica. La caída de Anastasio Somoza abrió una esperanza que excedía las fronteras. Una revolución popular podía derrotar al poder hereditario, a la corrupción y a la violencia institucionalizada.
Cuarenta y siete años después, en el aniversario de aquella victoria, Daniel Ortega pronunció una frase dolorosa: “Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
Es la admisión descarnada de que el régimen Ortega-Murillo ha decidido prescindir incluso de la simulación democrática. No se trata de elecciones fraudulentas, árbitros electorales subordinados o candidatos opositores encarcelados antes de competir, como ocurrió en 2021. Se anuncia que la ciudadanía no tendrá siquiera el derecho formal de elegir al gobierno.
La tragedia nicaragüense tiene una dimensión histórica que debe incomodar profundamente a quienes alguna vez miraron al sandinismo como símbolo de la emancipación latinoamericana. Ortega convierte la revolución que derrotó a una dinastía en la base de una nueva dinastía.
La reforma de 2025 formalizó la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, subordinó los poderes al Ejecutivo y diseñó una sucesión sin voto popular, encaminada primero hacia Murillo y después a Laureano Ortega Murillo, su hijo. El Estado, el partido y la familia quedan fundidos.
La izquierda es la primera víctima de esta degradación. No porque la dictadura de Ortega la represente, sino porque la desfigura. Un gobierno que cancela elecciones, encarcela o destierra a sus adversarios, les despoja de su nacionalidad, clausura medios de comunicación, expulsa a sacerdotes, desmantela universidades, persigue a organizaciones civiles y borra del registro profesional a abogados incómodos no defiende ninguna causa popular. Defiende el privilegio de una familia para conservar el poder contra su propio pueblo.
Esa distinción es indispensable. Los adversarios de la socialdemocracia aprovechan cada abuso de Managua para sostener que toda política de izquierda desemboca inevitablemente en autoritarismo. Es una falsedad interesada que encuentra combustible en los silencios.
La respuesta no puede ser negar la evidencia ni repetir, como salvoconducto moral, que Nicaragua enfrenta presiones de Estados Unidos. La memoria de la guerra contrarrevolucionaria financiada por Ronald Reagan forma parte de una herida histórica real. Pero el mero antiimperialismo no te convierte en demócrata.
Mónica Baltodano, guerrillera sandinista, exministra y hoy exiliada, ha pedido a la izquierda latinoamericana que se ponga en los zapatos de los nicaragüenses. También Sergio Ramírez, Gioconda Belli y tantos protagonistas de la lucha contra Somoza han denunciado desde el exilio el desmontaje de las libertades por las que combatieron. No son agentes de una potencia extranjera ni nostálgicos del somocismo. Son parte de la mejor tradición política, intelectual y moral de Nicaragua.
La cancelación de la vía electoral agrava una crisis humana que ya era intolerable. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU ha documentado un patrón sistemático de persecución desde 2018. Ortega emplea la apatridia y la confiscación como formas de muerte civil. La represión alcanza también a los pueblos originarios, en especial a las comunidades de la Costa Caribe, que han defendido territorio, autonomía y derechos colectivos.
Brooklyn Rivera Bryan, líder indígena miskito, murió bajo custodia estatal en mayo de 2026, después de casi tres años de detención arbitraria e incomunicación. Líderes y docentes indígenas refugiados en Costa Rica denuncian acoso, agresiones y persecución financiera.
México no puede mirar hacia otro lado. Nuestra relación con Nicaragua está marcada por una solidaridad que, en 1979, llevó a romper relaciones con Somoza. Aquella decisión obedecía al reconocimiento de que la soberanía de un pueblo es incompatible con el dominio perpetuo de una familia. La tradición mexicana y los principios constitucionales deberían impulsar hoy una diplomacia activa, no una neutralidad cómoda.
Defender la no intervención no equivale a callar ante la supresión de las libertades. México debe rechazar las sanciones que sólo castigan a la población, y con mayor razón cualquier acción militar estadounidense que pretenda usar el drama nicaragüense como justificación geopolítica. Pero debe, al mismo tiempo, promover una iniciativa multilateral que exija condiciones verificables para la restitución de derechos políticos auténticos y el cese de la persecución.
México defiende el derecho de los pueblos a decidir su futuro. Eso fue lo que Nicaragua conquistó en 1979 y eso es lo que hoy le es arrebatado.
Lectura sugerida: “Un silencio lleno de murmullos” de Gioconda Belli (Seix Barral).
Gracias, LGCH.