En economía política, la confianza es una lectura disciplinada de riesgos, retornos y oportunidad. México vive un momento que el capital privado nacional no debería mirar de lejos, como desde hace ocho años. Para invertir hoy en el país no se pueden desconocer los problemas, pero sí entender que, aun con ellos, la ecuación de largo plazo es atractiva.
México enfrenta inseguridad, incertidumbre regulatoria en algunos sectores, presión sobre infraestructura, disponibilidad limitada de energía y agua en regiones clave y un entorno político y judicial que exige prudencia. Sería irresponsable ignorarlo, como sería un error estratégico permitir que los riesgos opaquen los fundamentos. Los mercados no premian a quienes esperan condiciones perfectas, sino a quienes saben asignar capital antes de que llegue el consenso.
Con o sin Trump, la principal oportunidad está en la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. La relocalización no es una moda discursiva descarrilada. Responde a una necesidad concreta de empresas internacionales de acercar producción a Norteamérica, reducir riesgos logísticos y depender menos de Asia. México tiene ventajas, además de la geografía: red de tratados comerciales, experiencia manufacturera, costos competitivos, talento técnico y una base exportadora sofisticada.
La pregunta es si los inversionistas mexicanos quieren ser protagonistas de esta etapa y surfear con el capital extranjero para capturar una parte creciente del valor. Mientras fondos internacionales buscan a México —top diez de los destinos de inversión extranjera directa (UNCTAD)—, parte del capital nacional necesita señales de absoluta certeza que rara vez llegan.
A favor de México juega una estabilidad macroeconómica considerable, un banco central creíble, un sistema financiero sólido, deuda pública manejable y una moneda líquida y profunda. En tiempos de volatilidad financiera global, no es menor que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, haya mantenido una línea de prudencia que preserva el ancla macroeconómica del país. Nada de esto elimina los riesgos, pero sí reduce la probabilidad de escenarios extremos.
No hay aún una reforma fiscal de fondo —indispensable para inversión pública en infraestructura—, pero la recaudación ha aumentado en proporción al PIB. No hay un T-MEC garantizado por 16 años, pero sí un horizonte comercial estable para la próxima década. Hay nuevos aranceles y tensiones, pero también exportaciones fuertes, una balanza comercial positiva y oportunidades emergentes en semiconductores, inteligencia artificial, energía y equipos médicos.
Con un ingreso ascendente y pobreza laboral en mínimos históricos, México también es un mercado interno de 130 millones de personas, con demandas crecientes, que puede dinamizarse si la estrategia de inversión tiene éxito. La estabilidad del empleo, las remesas y el crédito han sostenido una demanda interna que, bien atendida, abre oportunidades para empresas con escala y cercanía al consumidor.
Si el Plan México adopta parte del enfoque de misiones —invertir con dirección, no sólo con volumen— planteado por Mariana Mazzucato en su visita, el capital privado tendría una oportunidad adicional al alinear sus proyectos con prioridades nacionales como infraestructura, agua, energía, proveeduría local, innovación y desarrollo regional. No solo las 15 o 20 fortunas hipermillonarias que desayunaban tamales de chipilín, sino las miles de empresas grandes, medianas y pequeñas, que aportan 18 o 20 puntos del PIB, a las que se les podría abrir acceso a financiamiento de la banca de desarrollo, garantías y esquemas de coinversión.
La nueva Ley para la Inversión y la creación de una oficina de inversión desde la Presidencia pueden apuntar en esta dirección. Cuando la inversión privada coincide con objetivos públicos, el riesgo baja, el horizonte se amplía y el crecimiento puede acelerarse.
Invertir en México no permite improvisación. Hay que evaluar disponibilidad de energía y agua antes de comprar tierra; blindar contratos; diversificar por región y sector; cuidar cumplimiento legal y fiscal; invertir en seguridad; construir relaciones comunitarias; y evitar la dependencia excesiva de un solo cliente, permiso o proveedor. En México, la diferencia entre una inversión mediocre y una extraordinaria a veces no está en la tesis macro, sino en la ejecución micro.
Invertir productivamente, más allá de los retornos individuales, beneficia a todos. Pero el llamado al inversionista privado mexicano no debe basarse sólo en patriotismo, aunque también importe, sino en ambición estratégica. México tiene problemas serios, pero también activos extraordinarios. El momento de invertir no es cuando todo está resuelto, sino cuando la oportunidad supera al ruido. Ese momento, para México, es ahora.
¡Inversionistas privados mexicanos, uníos!
Lectura sugerida: “The Common Good Economy”, de Mariana Mazzucato (Allen Lane Publishers).
Gracias, LGCH.